A mí el impuesto de sucesiones me parece profundamente injusto. Más que nada, porque grava algo que debería ser sagrado: el ahorro. Un país que no ahorra está condenado a financiarse de forma externa. Y ya sabemos lo que pasa –la famosa prima de riesgo- cuando se depende en exclusiva de los mercados. Se habla mucho, por ejemplo, de la deuda que mantiene Japón: 240% sobre el PIB. Sin embargo, la gran mayoría de la misma está en manos de los propios japoneses. Es decir, son ellos quienes con su ahorro financian al Estado y le dan estabilidad. Pero, digo, el impuesto de sucesiones es injusto también por otro motivo: se lleva una parte de lo que el fallecido pretendía legar. No sólo su dinero, sino también su esfuerzo y trabajo durante muchos años. La ilusión de un padre por dejar unos euros y si quiera una casa a su hijo, o la empresa que mantuvo a flote durante toda su vida. El fisco asturiano para ello no tiene miramientos: las herencias tributan a partir de 150.000 euros. Es decir, si los bienes y derechos que heredas suman 150.001 euros pasas a pagar la tarifa mínima: 18.000 euros. Toma ya. ¡Viva la progresividad! El Gobierno siempre ha defendido este impuesto a capa y espada por una sencilla razón: su recaudación es estable. No sufre vaivenes con los ciclos económicos, ya que, a todas luces, uno no elige cuando se muere. Así, logra recaudar unos 119 millones de euros anuales a base de sablear a la sufrida clase media. Sí, porque esa es otra falacia que nuestros gobernantes se han inventado: el impuesto de sucesiones es para ricos. Nada más lejos de la realidad. Con tener, qué sé yo, un piso y cuatro euros en el banco ya pasas los famosos 150.000 euros. Mientras que, los ricos de verdad, cambian de domicilio fiscal y acaban fijando la residencia en Madrid. Vean si no la comparación. Una herencia de 500.000 euros pagaría 85.000 en Asturias, pero si uno va a morirse en Madrid sólo 850. No me extraña, pues, que esta emigración impositiva haya ido en aumento. Profesionalmente, veo muchas herencias a lo largo del año. Nunca, y repito nunca, ha habido tantas renuncias a las mismas como en la actualidad. Si el fallecido no deja dinero en metálico suficiente, se hace imposible afrontar el impuesto porque hay que  hacerlo a los seis meses de la defunción. Además, si la herencia no es directa –de padres a hijos o viceversa- el tipo se multiplica con lo que se tiene que pagar mucho más. En definitiva, muchas veces vale más el collar que el perro.

Y Fernández ahora quiere cambiarlo.
Sí, se cayó del caballo cual Pablo de Tarso. Toda la legislatura defendiendo este injusto sistema y ahora, justo antes de la cita electoral, quiere llevar en el programa que va a modificar el famoso «escalón fiscal». Esto es, lo que les contaba de tributar en su totalidad con pasar un euro de los 150.000. Dice que su pretensión es que vaya por tramos, como debería haberse hecho hace muchos años. Así y todo, nuestro Presidente muestra recelo ante la caída de la recaudación. Yo le recomendaría que echase las cuentas de la siguiente manera. El Principado prevé pagar de intereses, por la deuda que mantiene, 344 millones de euros en 2015. O sea, casi tres veces más de lo que recauda por sucesiones. Si Javier Fernández, en serio, se dedicase a reformar el aparato del Principado; podría dejar de pagar los intereses de una deuda que ya suma 3.654 millones de euros. Casi tanto como el propio presupuesto. De esta manera, ni siquiera notaría la bajada en el injusto impuesto sobre sucesiones que propone y podría bonificarlo aún más. ¿De verdad lo hará? Yo creo que tampoco.