La depuradora, el metrotren, la regasificadora… ¿Qué pasa? ¿Se ha convertido Gijón en un paraíso de las infraestructuras fallidas? ¿Vamos a terminar haciendo un tour para turistas con obras millonarias terminadas y que son un monumento al despilfarro? Todas comparten algo en común: ninguna está –ni va a estar- en funcionamiento a corto o medio plazo. También que la inversión en las mismas fue cuantiosa: sumando las tres, ojo, son 556 millones de euros. La última, la planta regasificadora del fallido polo energético del Musel se ha llevado 382 millones de euros. Cantidad, como saben, que estamos pagando todos vía recibo. Respecto a este tema, sorprende la poca inteligencia con que la empresa Enagas –que es líder internacional en este tipo de construcciones, o eso dice- manejó los tiempos. No se le ocurrió otra cosa que solicitar el permiso administrativo para el estudio ambiental, justo cuando estaba en vigor un reglamento que impedía su instalación a menos de 2.000 metros de una población. Cierto es que, posteriormente, fue derogado por una norma del Principado. Así y todo, eso tampoco fue obstáculo para que el Tribunal Supremo anulase la licencia y por tanto sea ilegal. Se podrá –y eso ya es otra batalla jurídica- dar cobertura legal a posteriori. No lo dudo. Sin embargo, nadie va a ponerla en funcionamiento en tanto esto no se aclare. Más tiempo, más oportunidades perdidas, menos posibilidades de empezar a rentabilizar la inversión. Otro tanto de lo mismo sucede con la Estación Depuradora de Aguas Residuales. El Supremo declaró ilegal la construcción al considerar que «falta de motivación y discrecionalidad técnica» para su actual ubicación en El Pisón. Esta vez, a una todopoderosa Administración –el Ministerio de Agricultura y Medioambiente- la han pillado de pleno. La solución por la que se opta, según parece, es la política de hechos consumados. Pese a la lucha de los vecinos para lograr su paralización, las obras incluso incrementan su ritmo con objeto de acabarlas cuanto antes. Supongo que pensarán, ¿se va a atrever un tribunal a tirar 36 millones de euros a la basura? Pues, oigan, igual sí. Igual sucede lo mismo que con el metrotren: con todos permisos en regla pero sin uso presente ni futuro. A los 138 millones que costó –más un mantenimiento anual de 100.000 euros- le falta todo un plan de vías por desarrollar que está parado. Sin visos de salir adelante y más muerto que una momia.

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