La semana pasada tuvo lugar la vista previa del «caso Renedo»: la presunta mayor trama de corrupción juzgada hasta ahora en Asturias. Ahí supimos para nuestro horror que el control del Principado sobre la Consejería de Educación, al menos entre los años 2009 y 2010, era nulo. Que sus máximos responsables en aquel momento –el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre y su subordinada María Jesús Otero– hacían y deshacían a su antojo sin ningún pudor. Todo ello, debido a que el Principado presentó un informe donde les reclamaba un perjuicio económico de más de 4 millones de euros. Eso sí, la polémica auditoria llevada a cabo sobre 87 colegios se entregó a pocos días del juicio –pese a que la Administración está personada en la causa desde el 2010- con el consiguiente rechazo por parte de la Audiencia Provincial y la Fiscalía. Dicho de otra forma: la mala praxis del Principado le llevó a obtener un aluvión de críticas y acabar con más recriminaciones que los propios acusados. La víctima –a quien supuestamente se había defraudado- fue puesta en cuestión una y otra vez por los abogados de las defensas de manera casi cruel. El cazador, sin duda, acabó siendo cazado. Pues bien, hete aquí que algo que considerábamos ajeno a nuestra ciudad le afecta claramente. Según pudimos leer en estas mismas páginas, 18 colegios de Gijón se vieron inmersos de lleno en el «caso Renedo». Educación pagó más de un millón de euros por comedores que no existían, pupitres nunca entregados, ratones inalámbricos a precio exorbitante y un sinfín más de anomalías. A los directores de los centros, incluso se les llegó a falsificar la firma en la supuesta recepción del material durante el mes de agosto con los colegios cerrados. Viendo sus declaraciones, poco menos que alucinaron cuando se les habló de un inventario que nunca tuvieron. Además, todos señalaron que los controles hacia ellos, hacia el material que compraban directamente, eran muy estrictos. Sin embargo, lo que venía de la Consejería tenía manga ancha. Como ven, bochornoso, no sólo en la forma de proceder, sino también en que tengamos que enterarnos 6 años después. En estos tiempos que corren, cualquier piedra que se tira en el proceloso charco de la corrupción crea ondas de magnitud y consecuencias imprevisibles. Algo así como el «efecto mariposa»: los tejemanejes de una funcionaria en Oviedo, acaban en un auténtico «atraco a la educación pública».