La empresa Aquagest es el eje del mal en el «Caso Pokemon». Ya saben, la presunta trama de corrupción en ayuntamientos a cuenta de privatizar el servicio de agua. Sus métodos comerciales, cuando menos, eran peculiares. Básicamente consistían en ir domesticando al gobierno municipal de turno a base de dádivas. Un viaje pagado, unas entradas para un partido de fútbol, la reforma de una casa… El «caso Pokemon» ha entrado con fuerza en Asturias y ya son varios los concejos afectados. Desde Oviedo con el ex alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, como investigado por haber recibido supuestamente también este tipo de regalos; hasta dos ex regidores de Gozón a los que el juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo acaba de imputar. En resumen, toda una novela negra que incluso tiene capítulos por las calles de Gijón: el hermano de la jueza gijonesa Pilar de Lara, quien está investigando el caso, denunció seguimientos por parte de un coche policial. Pues bien, lo más increíble ha sido escuchar que la empresa Aquagest quería extender sus tentáculos en nuestra ciudad. Esto es, que aspiraba a que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) fuese algún día privada. Lo cual, dicho sea de paso, a mí me parece ciencia ficción. Pensar que la EMA pueda privatizarse es no conocer la idiosincrasia gijonesa. Ninguna corporación pasada (ni presente o futura, me atrevo a afirmar) lo ha propuesto jamás. La joya de la corona de las empresas municipales –la que no necesita transferencias del Ayuntamiento para subsistir, la que el año pasado presentó 1,5 millones de euros de beneficios, la que siempre aporta superávit a las arcas públicas- jamás tuvo en su agenda pasar a manos privadas. Más que nada, porque el rechazo sería frontal. Desde los sindicatos, pasando por la oposición política e incluso la propia ciudadanía. Por tanto, cuando supuestamente la empresa Aquagest inició ese camino, yo creo que no sabía muy bien las particularidades de Gijón con sus empresas municipales. Privatizar cualquiera de ellas, sin duda, sería mentar la bicha. Armar un lío tan gordo –y con tales consecuencias políticas- que cualquier gobernante ni se atrevería a mencionarlo. Sorprende, pues, que un ex concejal del PP, Manuel Pecharromán, esté siendo investigado por esto. O la posible presencia en el mismo de la ex presidenta del PP, Pilar Fernández Pardo. Máxime cuando los populares gijoneses jamás estuvieron, ni por asomo, cerca de alcanzar el gobierno municipal. El por qué Aquagest decidió tener como objetivo a Gijón no deja de tener su miga.