Hacia febrero de 2015 el caso sobre las presuntas irregularidades en la obra de la ampliación del Musel dio un vuelco. La Audiencia Nacional había decidido investigarlas a través del juez Javier Gómez Bermúdez, magistrado conocido por haber presidido el juicio del 11-M. Se entraba, sin duda, en otra dimensión. Por Madrid, como si de una pasarela de moda se tratase, desfilaron una pléyade directivos de la UTE que había realizado la obra, peritos, los autores del informe europeo de la Oficina de Lucha contra el Fraude, el presidente de la Autoridad Portuaria, su director y hasta el ex alcalde de Carreño, Ángel Riego. Todo un despliegue que tuvo repercusión. De repente, la supuesta malversación en nuestro puerto abría telediarios y copaba portadas de medios nacionales. Sin embargo, y en un giro inesperado, es la misma Audiencia Nacional quien devuelve la instrucción a los juzgados de Gijón.  Sostiene el Juzgado Central de Instrucción número 3 que no se dan los supuestos para su atribución a tan alto tribunal, ni tampoco su posterior enjuiciamiento en el mismo. Pues bien, lo más desconcertante es el razonamiento que utiliza la magistrada a la hora de justificarlo. Dice que los 250 millones de euros presuntamente defraudados «se tratan desde luego de una cantidad relevante en el ámbito de una personal o familiar, incluso municipal, pero no en el ámbito de la economía nacional». Hombre, si la quiebra de un puerto del Estado -situación en la que se encuentra El Musel con tan abultada deuda- no es algo importante, en fin, apaga y vamos. Si las causas que se juzgan en la Audiencia Nacional se miden por su valor monetario, entonces, ¿por qué acaban allí numerosos casos de corrupción –la Gürtel, por ejemplo, a la que se le atribuyen «sólo» sobre 200 millones de euros de desfalco- de una cuantía inferior? En otra vuelca de tuerca, la magistrada apoya su decisión en que «no se detectan los factores de naturaleza social o económica necesarios para que se cumpla el requisito de grave repercusión de la economía nacional». Por lo visto, el que se pierdan las ayudas europeas debido a un enorme sobrecoste –y haya que devolver las ya entregadas con el consiguiente desprestigio para el Estado- no parece suficiente. Según la magistrada, tal cantidad y complejidad en la causa puede ser llevado por un juzgado de Gijón, mientras, no sé, indaga sobre un robo en El Llano. La decisión de haber llevado la investigación a la Audiencia Nacional debería tener su punto y final allí, pero …