«Bienvenidos a Gijón: paraíso de las infraestructuras fallidas. En este paseo contemplarán obras acabadas pero que no van a entrar en funcionamiento. Están ahí para contemplarlas. Una regasificadora que costó 380 millones de euros y sirve para que la visiten los colegios. Un túnel de 138 millones -más 100.000 euros al año en mantenimiento- donde se puede hacer un cultivo de champiñones, pero por el que no pasará ningún tren. Y, por último, la más reciente incorporación: una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 36 millones de euros y que va a estar más seca que un desierto». Sí, podría ser ésta la charla previa al comienzo de una visita guiada a nuestra ciudad. A este paso, el «tour del despilfarro» se va a convertir en un motivo más para reclamo turístico. No se olviden, que a los dos casos anteriormente mencionados –tanto la planta del Musel como el metrotrén- se ha unido también otro si quieren más doloroso: la estación depuradora de la zona Este. Obra necesaria (y añorada) ya que es imposible completar el saneamiento gijonés sin ella. Aquí fue el Ministerio de Agricultura y Medioambiente quien se columpió de lo lindo. No se le ocurrió otra cosa que elegir su actual ubicación en el Pisón siendo « arbitraria, falta de motivación y discrecionalidad técnica», según dice la sentencia. Resultado: el Tribunal Supremo dijo que la obra era ilegal y mandó paralizarla. Sin embargo, al no hacerle ni puñetero caso desde la Administración, es ahora la Audiencia Nacional quien definitivamente lo ordena. Eso sí, ya se encuentra en fase de pruebas y, en teoría, completamente operativa. Es decir, que podría ser traspasada este mismo mes al Ayuntamiento. Cosa que el Gobierno municipal supongo que no aceptará. Habría que ser tonto para tomar el control de una instalación que es ilegal. ¡Menudo regalo envenenado! Si hay que mantenerla, que lo haga el Ministerio. Si hay gastos, que corra con ellos. Si hay que legalizarla –como así se va a intentar, según parece-, que los años que transcurran sean a su costa. Lo lamentable es que los errores –o incompetencia, porque ya me dirán si un organismo estatal no puede hacer informes técnicos en condiciones- los vamos a seguir pagando todos los gijoneses. El que nuestra bahía esté libre de aguas residuales es un objetivo irrenunciable. Y no es previsible, por lo visto, que se vaya a conseguir a corto plazo.