Imagínense que llevan a cabo una reforma en su casa. La contratan, firman y se ponen manos a la obra. A mitad, más o menos, el jefe despide a los obreros. Dice que ha perdido la confianza en ellos y asegura que va a sustituirlos por otros de igual cualificación. Todo ello mientras la casa está manga por hombro, o sea, a medio terminar y en un momento clave. Díganme, ¿no estarían acaso mosqueados? ¿No temerían que la reforma, no sólo no terminase a tiempo, sino que además su calidad se viese afectada? Pues bien, esto es lo que está pasando en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). La UTE adjudicataria del proyecto ha prescindido de un plumazo de casi veinte colaboradores. Concretamente, todo el equipo que ha trabajado durante los últimos dos años en la revisión del documento urbanístico. Su coordinador técnico y jurídico, Víctor García Oviedo, se despachaba a gusto el pasado jueves en estas mismas páginas. Tiraba con bala contra todo. Acusaba a su ex jefe, Emilio Ariznavarreta, de querer tener protagonismo. «En dos años no ha hecho absolutamente nada, salvo poner pegatinas a las carpetas», llegó a decir. La intensidad de fuego de «Tachi» -que así se le conoce- apuntó incluso hacia el propio Ayuntamiento. Acusó a la Alcaldesa y el concejal de Urbanismo de no querer recibirle, mientras que «antes me llevaban a todas partes». La guerra interna dentro de «proyectamos» -que así se denomina al equipo encargado del proyecto- está más que servida y con visos de acabar mal. Esto es, en los tribunales y con un pleito en toda regla. ¿Debe el Ayuntamiento meterse en esta especie de duelo de egos entre arquitectos? Absolutamente, no. Es su problema y allá ellos cómo lo resuelvan. ¿Tiene razones para estar escamado? Claro que sí. Por mucho que el concejal de Urbanismo, Fernando Couto, diga que se encuentra muy tranquilo; hay una incertidumbre más que palpable en el ambiente. Foro se juega mucho con el nuevo PGO. Es, por decirlo así, su gran logro en esta legislatura tan convulsa. Que no llegue a aprobarse –o se haga demasiado tarde- representaría un fracaso en toda regla. Por el momento, tiene razón Couto en que el contrato con la UTE sigue plenamente vigente. Mientras no haya incumplimientos, no existe razón alguna para su rescisión. Ahora bien, es lógico pensar que un terremoto laboral de semejante magnitud tenga secuelas en el resultado final. Lo que esperamos del equipo de gobierno es que vigile y esté atento al devenir de los acontecimientos. Dicho de otra forma: que reaccione si el PGO no va según lo previsto.