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Jose Manuel Balbuena

RETORCIDA REALIDAD

El burócrata.

A un burócrata no le pidan que se salga de la ley. Le resulta completamente imposible. Tal es su cerrazón que todo tiene que venir contemplado en la norma correspondiente. Espontaneidad, improvisación, adaptación al entorno y cosas similares no existen. Simplemente, tratará de aplicar el artículo tal, en el punto cual, como respuesta a cualquier situación y punto. No está en su ser, insisto, la iniciativa. Hace unas semanas, leyendo una entrevista publicada en estas mismas páginas a José Llorca, el presidente de Puertos del Estado, tuve esa sensación: de que estábamos ante un burócrata de tomo y lomo. A cada una de las preguntas recitaba, como si fuese el estribillo de la canción del verano, la legislación correspondiente que conoce, ¡faltaría más!, de cabo a rabo. Ante la posibilidad de alquilar la antigua sede de la Autoridad Portuaria para la explotación de un hotel de cinco estrellas, respondió ni corto ni perezoso lo siguiente: «Los ingresos anuales deberían ser del 7,5% sobre el valor del inmueble, el 7,5% sobre el precio del suelo, la amortización completa y hasta un 8% de tasa de actividad sobre el volumen de negocio». Traducido significa que la renta para el edificio tendría que ser de 700.00 euros anuales. O lo que es igual: más de 58.000 euros al mes. En fin, ya me dirán quién en su sano juicio está dispuesto a pagar semejante cantidad. La intención del inversor que está interesado en la operación es tener un arrendamiento de 100.000 euros anuales (poco más de 8.000 mensuales) que, como ven, en nada se parece a lo que dice la norma. Que el mercado del alquiler esté bajo, o que se vaya a invertir en remodelar el inmueble sobre 4,5 millones euros, o que se deteriore por estar cerrado, le da lo mismo. Eso no se contempla en los parámetros legales y, por tanto, le resulta completamente ajeno. Me recuerda esto a cuando empezaron los problemas financieros. Al tener El Musel unos resultados negativos –por mor de los efectos de la crisis en el tráfico- la legislación  portuaria obligaba a subir tarifas. Imagínese si hiciésemos eso en cualquier otro tipo de negocio. Por ejemplo: una heladería. Resulta que como vendo menos helados no se me ocurre otra cosa que subir precios. ¿Cuánto tiempo tardaría en cerrar? ¿Cuánto en que mis clientes acabaran en los establecimientos de la competencia? Sin embargo, al burócrata todo lo que tenga que ver con el libre mercado se la trae al pairo. Las oportunidades –aunque sean en forma de alquiler y no de venta- no entran dentro de sus esquemas legales.

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Por JOSE MANUEL BALBUENA

Sobre el autor

Economista y empresario. Colaborador de EL COMERCIO desde hace ya muchos años. Vamos, un currante en toda regla


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