Pero, ¿a cuento de qué? Fue lo primero que pensé cuando leí la noticia. Me refiero a la propuesta del PSOE para la compra de los terrenos de Naval Gijón. Una partida de 5,4 millones de euros que quiere que tenga reflejo en los presupuestos. Según los socialistas, se garantizaría la propiedad pública de los 42.581 metros cuadrados pertenecientes a la Autoridad Portuaria, evitando así una posible presión inmobiliaria (especulación) sobre los mismos. Ítem más, su portavoz en el Ayuntamiento, José María Pérez, sostiene que ahora es el momento mediante una operación similar a lo que se hizo en Cabueñes con el Parque Científico y Tecnológico. Vamos por partes. A mi entender, cualquier desarrollo urbanístico de la zona puede ser asumido perfectamente por la iniciativa privada. Exactamente igual que sucedió en Poniente, eso sí, con la notable diferencia de que allí se permitió la construcción residencial. Meter al Ayuntamiento en este fregado, o sea, gastarse más de un 2% del presupuesto, me parece sin duda desmedido. Por esa regla de tres, también tendríamos que adquirir los terrenos del «solarón» para que el plan de vías se ponga en marcha. Entiendo que comparar lo de Naval Gijón con Cabueñes no es de recibo. En el Parque Tecnológico se partió de la nada: un antiguo campo de rugby sin ningún tipo de infraestructura que se quería reciclar para empresas tecnológicas. En cambio, de lo que hablamos aquí es de un ámbito urbano al que se le pretende –mediante el Plan General de Ordenación (PGO)- dar uso para un tipo de industria limpia. No requiere, pues, urbanizar o crear redes de abastecimiento porque todo está hecho. Lo único que se necesita es que la iniciativa privada lo vea rentable, lo cual, por cierto, tampoco va a resultar sencillo. Si, tal y como dice Pérez, dicha compra favorecería un desarrollo más rápido de la zona, ¿por qué entonces no se permitió la construcción residencial? Si lo que se quiere es compactar El Natahoyo, ¿por qué los sucesivos Ayuntamientos –casi todos de su signo- la han vetado? La Autoridad Portuaria sabe de sobra que la principal traba del terreno está precisamente en eso: que el PGO es restrictivo a la hora de su aprovechamiento. Y si el Ayuntamiento lo compra, ¿no es acaso quitarle un muerto de encima? ¿No es traspasar el problema a todos nosotros? El Gobierno municipal no debe entrar a todas y cada una de las operaciones inmobiliarias que hay en la ciudad. Lo ha hecho –para mí de forma equivocada- adquiriendo Quinta La Vega por 1,3 millones de euros, sin saber muy bien para qué. Pregunto, ¿hasta dónde va a crecer este fondo de armario inmobiliario?