Sostengo que un gobierno tiene que tener capacidad ejecutiva. Es decir, que debe poder tomar decisiones y llevarlas a cabo según sus ideas. Lo contrario, digámoslo así, no es gobernar, sino languidecer viendo pasar el tiempo. En este sentido, dentro de sus atribuciones también está el nombrar (o destituir)  a aquellos cargos de confianza que marca la ley. Comento todo esto porque aquí, en nuestro Gijón del alma, cada vez que a un funcionario lo relevan de sus funciones se arma una buena. El último caso, de sobra conocido, el del jefe de los servicios técnicos de Urbanismo, Javier Domingo. El gobierno de Foro entendió que no estaba llevando bien su departamento y lo cesó, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no va a poder hacerlo si así lo considera? Algunos ven en esto un ataque a los funcionarios municipales en toda regla. Una especie de guerra larvada entre gobierno y trabajadores de la función pública. Recordemos que a cualquier funcionario al que cesan de su puesto simplemente se le reubica en otro, en ningún caso se va a la calle como ocurriría dentro de la empresa privada. Repito, si un cargo municipal de libre designación el ejecutivo de turno considera que no está llevando las cosas a su gusto, ¿por qué no va a destituirlo? ¿Tiene acaso que tener también ese puesto de por vida? ¿Quiénes son entonces los que mandan en el Consistorio: políticos o funcionarios? Sin duda, yo apuesto porque deben ser los primeros. A ellos les corresponde llevar la iniciativa, puesto que para eso les votamos. Tan malo es que los políticos invadan el terreno de los funcionarios como al revés. Sin embargo, como digo, en nuestro trozo de paraíso natural parece que esto no está tan claro. Recuerden que cuando se destituyó a la secretaria municipal, Dora Alonso, sucedió un tanto de lo mismo. Le llovieron las críticas a Foro porque era una ignominia que se la relevase, casi una afrenta a la autonomía municipal pese a que fue nombrada por otro gobierno de diferente color político. Una de las grandes tragedias de Foro durante estos años –casi desde su primera legislatura- es que tiene las manos bastante atadas. La configuración actual del Ayuntamiento –con cinco grupos políticos hostigándolo constantemente- hace que le recorten mucho poder. Tanto, que en alguna ocasión ha tenido que ir a los tribunales para aclarar sus competencias. Por tanto, si para una atribución que está de sobra tipificada –poder nombrar o cesar puestos de confianza- encima se la ponen en solfa, pregunto, ¿qué le queda?