¿Qué diríamos de un libro que empieza por el final? Seguramente, que es incorrecto en las formas. Que primero hay que contar la trama, para luego llegar al desenlace. Es lo que ha pasado con la sentencia del llamado «caso Renedo»: primero supimos las condenas –un total de 40 años de cárcel junto con 6,7 millones en multas- y ahora el por qué. Sin duda, el mundo al revés. Pues bien, a través de su lectura conocemos que el magistrado ponente señala a María Jesús Otero, la número dos de la Consejería de Educación, como el eje del mal de toda esta trama de corrupción. Presuntamente, era ella la que «controlaba el proceso de contratación» y recibía tratos de favor de las empresas implicadas. Valorados por la Audiencia Provincial en, ojo, cerca de 2 millones de euros. De José Luis Iglesias Riopedre, el ex consejero de Educación, dice que Otero actuó «con su conocimiento y aquiescencia». Vamos, que la dejó hacer a su capricho. Eso sí, establece una duda razonable sobre si Iglesias Riopedre estaba al corriente del chanchullo constante que crecía bajo sus pies. Señalando que su motivo, en cualquier caso, no fue personal, sino para favorecer a la empresa de su hijo. A Marta Renedo Avilés, la funcionaria más famosa del Principado, le cae la segunda condena en importancia (9 años). La Audiencia acepta como hechos probados el relato de la fiscalía. Es decir, que empezó esa supuesta carrera delictiva a principios del año 2000 y no paró hasta que la pillaron una década después. Falsificando firmas, creando empresas propias para el desvío de dinero público y, finalmente, en la Consejería de Cultura, adhiriéndose al sistema corrupto de Igrafo y Almacenes Pumarín. O sea, amañando de forma grosera la adjudicación de contratos para recibir toda clase de favores. El currículum delictivo de la funcionaria es excelso y lo que sorprende, la verdad, es que no se la hubiese detectado mucho antes. Por último, resulta también asombroso que no sea posible saber lo que nos han afanado a los asturianos. La sentencia señala que «ha sido imposible determinar hasta el momento el perjuicio generado». O lo que es lo mismo: era tal la tela de araña corrupta montada en torno a la Administración, que el tribunal no sabe a ciencia cierta, por ejemplo, si el material que se compraba para los centros era entregado o no. Todo ello, con un Principado que ahora se rasga las vestiduras, se adhiere a las máximas penas posibles y congratula por las condenas. Asume ce por be el criterio de la Fiscalía y hace mutis por el foro durante el proceso. Al que roban una vez yo lo tildaría de incauto, pero cuando es tanto y a lo largo del tiempo… diría que es tonto.

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