Estaba claro que iba a pasar y era sólo cuestión de tiempo. Que la izquierda municipal intentase poner en marcha el denominado Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para ricos -formalmente conocido como IBI diferenciado- entraba dentro de lo inevitable. Es más, si nos guiamos por lo que hizo el tripartito que gobierna Oviedo, esta especie de «contribución ideológica», incluso llega tarde. Recordemos lo que pasó en la capital. Allí, efectivamente, quisieron gravar más a los inmuebles cuyo valor catastral supera el millón de euros. Ya saben: es que pagan poco las grandes fortunas, es que deben contribuir más para preservar los servicios públicos, blablablá. Sin embargo, el intento de su aplicación no ha podido ser más chapucero. En primer lugar, por un error formal. Esto es, obviaron la publicación de las ordenanzas fiscales, con lo que legalmente están en el aire. En segundo, porque, al final, quien va a acabar pagando (como siempre) esta subida de órdago es la sufrida clase media. Vean si no el siguiente ejemplo. Los garajes que no tienen división horizontal, es decir, donde múltiples propietarios son titulares de una cuota de participación del total. Inmuebles que en su conjunto superan con creces el famoso millón de euros, aunque sus dueños no tengan yate ni mansión en la Costa Azul. Ahí el incremento por plaza es espectacular. Hasta de un 70 por ciento. Los contribuyentes –gente como usted o yo, insisto- se echan las manos a la cabeza al ver la repercusión. El Ayuntamiento, encogiéndose de hombros, les ha dicho que es lo que hay. La teoría de las lentejas. Además, imagínese, no sé, el caso de una empresa que tenga (o quiera radicar) su actividad aquí. Pregunto, ¿no repercutiría la «contribución ideológica» muy negativamente en la economía y por ende el empleo? Entre una ciudad que cobra un IBI y otra más del doble (ojo, se habla pasar del 0,45% actual al 1,10%), ¿dónde creen que se van a establecer? Si el propietario de un edificio de oficinas o comercios sufre esa brutal subida, ¿cuánto tiempo creen que tardará en trasladarlo a las rentas? ¿Cuántos negocios pagarán un mayor arrendamiento al mes? ¿Cómo se puede decir que no va a afectar al pequeño comercio y hostelería? ¿Acaso esto no tiene unos daños colaterales más que evidentes? El motivo esgrimido para su implantación, según sus promotores (PSOE, Xixón Sí Puede e IU), es lo de siempre: «Necesitamos más ingresos para mantener el nivel de prestación y calidad de servicios». Dicho en otras palabras: para duplicar o triplicar el presupuesto de su prestación estrella, el sol sobre el cual ahora gira todo en el Consistorio: la renta social municipal. Ustedes mismos.