En estos días se está discutiendo sobre si la convocatoria de unas elecciones anticipadas debe parar el artículo 155. Esto es, la aplicación del precepto constitucional que el Gobierno aprobó el sábado en Consejo de Ministros. Unos dicen que el vidrioso Carles Puigdemont, en un nuevo juego de trile, lo haría para así evitar la intervención de la autonomía. O sea, estaríamos hablando de un último recurso «in extremis» para salvar el autogobierno y su pellejo político. Sin embargo, otras corrientes del independentismo quieren directamente el martirio. Proclamar sin pudor la desobediencia civil y la lucha callejera. Una declaración unilateral de independencia (DUI) en el Pleno que hoy se celebra en el Parlament y a la batalla. De barricada en barricada hasta construir una república socialista, tal y como pretenden los antisistema de la CUP. Pues bien, a mi juicio el 155 se debe aplicar con todas las consecuencias pase lo que pase. Es decir, tanto si Puigdemont convoca elecciones como si, con mucho más motivo, se llega a declarar la famosa DUI. Miren ustedes, el Estado tiene la obligación de permanecer en Cataluña para hacerse fuerte. Un entramado como el que ha montado el secesionismo no se desmonta de un día para otro. Han sido demasiados años de laxitud en las leyes, de concesiones y prebendas al nacionalismo radical como para pensar que las urnas lo arreglan todo. Independientemente de su resultado, que eso ya es casi es un tema menor. Desde luego, lo que está en juego es la propia viabilidad del sistema. Que Cataluña no se convierta en una economía fallida. La política de tierra quemada que se practica ahora es a lo que la aboca. Más de 1.400 empresas han abandonado la comunidad y dicen que es para no volver. Se temen lo peor: que tras un paréntesis electoral y la consiguiente formación del Parlamento, las cosas sigan exactamente igual. Que nada cambie y, por tanto, vuelvan las presiones, amenazas y el ambiente enrarecido en la calle. Así está claro que nadie puede trabajar. Los empresarios necesitan otro caldo de cultivo que este independentismo, bravucón y montaraz, no les puede dar. Resulta obvio, por tanto, que la labor del Estado para restablecer la normalidad debe prolongarse más allá del corto plazo. Pensar que una fractura de este tipo se soluciona de una forma tan sencilla (convocando comicios ahora o en seis meses como tienen acordado PP, PSOE y Ciudadanos), sería completamente iluso por nuestra parte. Dudar a estas horas sobre la forma de aplicar la Constitución –con retroceso y marcha atrás- sólo envalentona a quienes quieren destruirla. Entiendo que unas elecciones son un medio y no un fin.

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