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Jose Manuel Balbuena

RETORCIDA REALIDAD

Incontinencia.

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Jamás pensé que nuestro Ayuntamiento iba a tener que analizar una cesta de la compra. Es decir, en qué se gastan el dinero algunos gijoneses. Sin embargo, sucede con los beneficiarios de la renta social municipal. Sí, esa prestación que trata de ser universal y espléndida con una filosofía bien clara: no te preocupes, ya lo hago yo por ti. El informe sobre la utilización de las «tarjetas white», ya saben, esas tarjetas bancarias prepago con lo que pueden ir a los comercios y adquirir una serie de productos, depara datos interesantes. Resulta que lo más demandado son los electrodomésticos. Estos suman un total de 74.711 euros desde que se implementó el sistema en agosto. Mientras que la ropa le sigue con 51.177 y el calzado con 26.357 euros. Llama la atención, no obstante, que en medicamentos sólo se hayan gastado 830 euros y 522 en productos ortopédicos. Así mismo que la ropa deportiva goza sin duda de tirón: 32.607 euros se han invertido por parte de los usuarios en este concepto. Pues bien, sorprende que la Fundación Municipal de Servicios Sociales, por si tuviera poco con analizar las 3.867 solicitudes presentadas en la primera convocatoria, también tenga que revisar las compras efectuadas. Hacer una especie de «Big Data» (análisis de datos) para saber en qué invierten su ayuda los beneficiarios. Componer un catálogo, como si fuese el de un centro comercial en Navidad, para indicarles a qué pueden acceder o no. Eso sí, siempre para ir ampliándolo progresivamente porque, como saben, las necesidades para esta renta básica son infinitas, mientras que los recursos municipales no. Se pueden estirar los fondos de su dotación –ya hay una segunda convocatoria con 4,3 millones de euros más encima de la mesa- en una tendencia que va a ser exponencial. Incluso, desde Xixón Sí Puede, plantean ampliar ese listado de artículos con ordenadores o acceso a internet. El caso es que sólo en dos meses, ojo, se han trillado 222.696 euros para 238 beneficiarios. Esto viene a dar una media de 2.118 euros para cada solicitud que se concede. Hay aprobadas 1.331 ayudas por parte de la Fundación y bastante más del doble por analizar. La pregunta, pues, resulta obvia, ¿de verdad alguien piensa que esto es sostenible? ¿Pueden los servicios sociales del Ayuntamiento hacer un control exhaustivo sobre lo que se compra con la tarjeta? ¿No parece este sistema inmenso, inabarcable y que desbordará la capacidad a corto plazo? De hecho, en esta segunda convocatoria el grado de detalle de los artículos es máximo. Hasta se ha aprobado incluir en la lista productos farmacéuticos para la incontinencia. Exacto: de lo que sufre también la renta social municipal.

 

Por JOSE MANUEL BALBUENA

Sobre el autor

Economista y empresario. Colaborador de EL COMERCIO desde hace ya muchos años. Vamos, un currante en toda regla


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