La concejala de Hacienda, Ana Braña, no lo va a tener nada fácil. Lo digo porque es a ella a quien le toca negociar el Plan Económico-Financiero (PEF) que el Ayuntamiento debe elaborar. Esa propuesta a dos años -cinco para la oposición- que el equipo de gobierno tiene que presentar ante Hacienda por incumplir la regla de gasto. Como saben, en la ejecución presupuestaria de 2017 se excedió el límite permitido en 4,5 millones de euros. Algo que nuestra alcaldesa, Carmen Moriyón, achacó a tener que poner en marcha la renta social municipal, montándose un gran revuelo por ello. Fue en febrero cuando se conoció que se había incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, achacándolo a que el incremento del gasto social se había desbordado. Sin embargo, esto a la izquierda -especialmente a Xixón Sí Puede (XSP)- le sentó como un tiro. Vieron en ese análisis un ataque en toda regla a su adorada renta básica, cuya continuidad Moriyón dejó en el aire al decir «Éramos partidarios de hacer algo excepcional, puntual y transitorio».

Ha pasado el tiempo y ahora toca afrontar de verdad los problemas. Es decir, no valen más dilaciones ni retrasos porque los plazos se echan encima. Desde Foro quieren que el PEF sea aprobado en sesión plenaria el 18 de julio. Lo cual, dicho sea de paso, se me antoja complicado. La situación del Consistorio -seis grupos chocando entre sí y ejerciendo una pinza casi a diario- hace que la negociación política para sacarlo adelante resulte difícil. Mucho tendrá que remar Braña si quiere alcanzar la orilla. De hecho, sin ir más lejos, en Madrid se encontraron con una situación similar y tuvieron problemas a mansalva. Manuela Carmena, la alcaldesa madrileña, tuvo que presentar cuatro planes diferentes hasta que fue aprobado por la Corporación. Todo ello, con inmensas fricciones internas que llevaron incluso a la destitución de concejales.

Aquí, sin duda, el meollo de la cuestión va a estar en dónde se va a recortar. Sí, porque, por mucho que se quiere dulcificar, no se puede seguir incrementando el gasto y buena prueba es que se quiere limitar la renta social municipal a 3,2 millones de euros. El bisturí de cirujano -nunca mejor dicho- está sobre la mesa para efectuar una intervención que a XSP no le va a gustar un pelo. A eso hay que sumar, claro, que subirán las tasas y precios públicos. En concreto, y como más llamativo, un 5 por ciento en la tasa de basura que afectará (y mucho) al bolsillo de todos los gijoneses. También incongruencias como tener que aportar 315.863 euros a Laboral Centro de Arte, por requerimiento del Principado para salvar la criatura. Toca, pues, dar el «do de pecho». Volver a cuadrar unas cuentas que se han desviado más allá de lo permitido. En resumen, evitar que este Ayuntamiento -el más importante de Asturias- acabe siendo intervenido.

@balbuenajm