La Unión Europea le ha sacado los colores al Estado. Su Tribunal de Justicia ha recordado con sanciones que nueve municipios españoles siguen sin depurar sus aguas. En concreto, condena al pago de una cantidad a tanto alzado de 12 millones de euros, más una multa coercitiva semestral de 10,95 millones. A nuestro Gijón del alma -en su correspondiente cuota alícuota de la vergüenza- le saldrían a pagar sobre unos cuatro. Todo ello, por algo que ya sabíamos de sobra: estamos vertiendo al mar residuos de una población equivalente a 161.800 habitantes. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se echa las manos a la cabeza. Dice que es de «superurgencia» completar la depuración de la zona este de Gijón, pero el tema, para su desgracia, está judicializado. Es decir, por mucho que quieran correr en su ministerio los plazos están marcados por la Justicia. De hecho, seguimos igual desde abril de 2016, cuando, terminadas las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), se ordenó la paralización por ilegal. O sea, el problema no es ni mucho menos nuevo, aunque Ribera venga ahora como la que va a solucionarlo de un plumazo.

Así, el afán de la administración se encuentra en realizar un nuevo trámite ambiental. O sea, demostrar que el Pisón es el mejor lugar posible. De no admitirse otra vez, pese a que el Estudio de Impacto Ambiental se reafirma en la actual ubicación, el escándalo resultaría mayúsculo. Los gijoneses veríamos con pasmo, no sólo como la mierda sigue yendo directamente al mar, sino también que son arrojados al mismo los 36 millones de euros que costó la obra. Además, claro, de tener volver a empezar todo de nuevo. Demoler lo construido y hacer una EDAR en un emplazamiento legal. No lo quiero ni pensar. Este cúmulo de despropósitos -que comenzó en 2008 cuando se eligió esta zona de entre cuatro posibles- parece que se hace cada vez mayor. Al Estado le duele el dinero que va a tener que pagar y a los gijoneses nuestra costa. Ver como por el emisario submarino de Peñarrubia salen a diario litros y litros de aguas fecales. Una situación insostenible que pesa cada día más en el subconsciente colectivo.

Dicen desde el Gobierno central que quieren tener solucionado el asunto antes de finales de 2019. Francamente, lo dudo. Van a tener que hilar muy fino para legalizar esta depuradora. Cuando las cosas se hacen mal desde el principio -yo diría que casi con empecinamiento- luego resulta difícil volver a la legalidad. Cualquier paso mal dado, cualquier traspiés, hará que decaiga definitivamente esta nueva «Plantona». Recordémoselo una vez más a la ministra «que no se explica la situación»: la EDAR de Gijón ya no sólo está en sus manos, sino en la de los jueces.

@balbuenajm