Este verano ha sido el de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la zona este. Como saben, todos los males de la playa -y alguno más- le fueron atribuidos a su falta de funcionamiento. Esto provocó una especie de psicosis colectiva que trajo consigo multitud de conflictos con los bañistas. La EDAR fue paralizada en 2016 por el Tribunal Supremo en base a que no estaba justificada la elección del lugar, a la postre, las inmediaciones de la colonia de El Pisón, cuyos propietarios pleitearon hasta la extenuación para lograr que una vez acabada no se pusiese en marcha. Todo ello, pese a que la inversión de 36 millones estaba realizada.

Pues bien, el estudio encargado por la Confederación Hidrográfica vuelve a señalarla como la ubicación más idónea. Es decir, de las cinco analizadas (La Cagonera, Peñarrubia, El Rinconín, La Reguerona y La “Plantona”) se elige a esta última porque considera que tiene un impacto «moderado». La empresa asturiana Taxus -encargada de elaborar el informe- así lo considera y en base a eso se redactará una nueva declaración de impacto ambiental con objeto de legalizarla. Algo que si la Justicia ve correcto permitiría ponerla en funcionamiento de una vez por todas. Ahora bien, la oposición de los vecinos de El Pisón sigue ahí. Me refiero a que legítimamente volverán a defender sus derechos por una sencilla razón: no han llegado hasta aquí para bajar los brazos. Con lo cual, lo que nos interesa, esto es, que haga su función de depuración, puede alargarse «sine die» entre alegaciones, recursos y batallas jurídicas. Desde luego, esto el estudio de Taxus no lo contempla. Es más, tiene que defender la situación actual porque si no, imagínenselo, el escándalo sería mayúsculo al tener que tirar a la basura semejante cantidad de dinero. Con el agravante de que quien firmó el estudio de impacto ambiental anulado fue la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. La misma que quiere nuestro aire impoluto mediante el cierre a toda prisa de las centrales térmicas, pero que ha dejado nuestra parte del Cantábrico sin limpiar.

En la actualidad, se ha conseguido poner en marcha los procesos de desarenado y desengrasado, gracias al permiso dado por la Audiencia Nacional. Hecho que apenas palía el problema: seguimos emitiendo vía libre los detritus de una población de 160.000 habitantes por el emisario submarino de Peñarrubia. Además de tener que pagar multas -12 millones de euros le tocan al Estado- por incumplir la legislación comunitaria en materia de aguas residuales urbanas. Pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más vamos a tener que esperar para solucionar esta auténtica vergüenza? ¿Volveremos a tener veranos de tanto desgaste de nuestra playa año tras año?

@balbuenajm