Es lo que ha llevado al Pleno del Tribunal Supremo a desdecirse a sí mismo: vértigo ante la repercusión que hubiera tenido el cambio en su doctrina. La jurisprudencia sentada -que el cliente dejase de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)- apenas ha llegado a los 15 días. Recuerden que la Sección Segunda dictaminó el pasado 18 de octubre que dicho impuesto debía soportarlo las entidades bancarias. Gran revuelo. Enorme lío. El sistema financiero caía en bolsa y sacaba la calculadora. La firma de hipotecas parada como por arte de magia. Se hablaba de cantidades multimillonaria en función de la retroactividad. Algo que la sentencia dejaba en una absoluta nebulosa. Decía quién tenía que pagar AJD a partir de ahora, pero no cuánto tiempo atrás. El mar de dudas iba creciendo día a día con un agravante. Alguien se dio cuenta de quién era el responsable último: el dinero recaudado estaba ingresado en Hacienda. Es decir, serían las administraciones -en este caso, las autonómicas por ser un tributo cedido- quienes tendrían que devolver esa cantidad al hipotecado. En resumen, que la principal damnificada sería la autonomía de turno, ya que, debía hacer frente a las demandas de los contribuyentes, para luego reclamárselo a los bancos. Tarea ardua, complicada y penosa como pocas.

Se abrían, pues, tres escenarios posibles. Primero, que se tuviese que devolver AJD con cuatro años de retroactividad. El desembolso, estimado por el Ministerio de Hacienda, hubiese sido de 5.000 millones de euros. Malo. Segundo, que se aplicase el criterio adoptado no mirando atrás. Sin duda, la mejor salida posible que estaba barajando la banca viendo lo que se le venía encima. Cobrarían más en sus préstamos -mayores comisiones de apertura y tipos- con lo que el coste recaería de nuevo sobre el hipotecado. Y tercero, el que se dio finalmente. Volver a que lo pague el cliente. Pedir perdón por las molestias causadas, como hizo el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, y santas pascuas. Aquí no ha pasado nada.

Sin embargo, el problema es que hay un antes y un después de tan esperpéntico episodio. El prestigio del Supremo ha caído por los suelos. Máxime si el Gobierno va a enmendarle la decisión, tal y como anunciaba ayer su presidente, Pedro Sánchez. A través de un decreto-ley piensa endosar el impuesto a los bancos. Según dice, para calmar el clamor social que se ha producido. Ya saben, aquello de la banca siempre gana, la justicia no es igual para el rico que para el pobre, los poderosos lo compran todo y cosas así. En definitiva, que el mundo hipotecario va a dar un giro de órdago. Nada será igual después de vivir el mayor grado de inseguridad jurídica en nuestra historia.

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