No cabe duda de que estamos viviendo una revolución desde el punto de vista tecnológico. Esto es, los viejos esquemas parecen que ya no valen y hay que cambiarlos cuanto más rápido mejor. Ejemplo. El Gobierno quiere prohibir la venta de coches de combustibles fósiles a partir de 2040, siendo en el 2050 cuando dejarían de circular. Antes, como saben, puso en solfa el mundo del diésel al demonizarlo sobre manera y ahora, según parece, ya no valen ni los híbridos. Imagínense la incertidumbre de quien quiera adquirir un vehículo en la actualidad. Desde luego, la tecnológica de los automóviles cien por cien eléctricos no está todavía madura, mientras que para los de gasolina o diésel todo son restricciones y problemas. Pero, siendo esto importante, es decir, el mar de dudas que se genera con un anuncio así, hay un problema todavía más gordo: que no existe plan B. O sea, se quiere cambiar una de las flotas de vehículos más antigua de Europa -España tiene una media de edad de las más altas (12 años)- sin tener asegurado el suministro. Pregúntense lo siguiente, ¿tiene la red eléctrica capacidad para soportar que 30 millones de coches carguen cada noche sus baterías? Si ya hay puntas de consumo -sobre todo cuando hay olas de frío- donde el sistema se ve bastante comprometido, ¿qué pasará cuando todo el mundo se enchufe para tener el coche, camión o moto preparado?

Además, hay dudas razonables sobre el modelo que se genera. Si estábamos denunciando que éramos completamente dependientes del petróleo, ¿no pasará eso mismo cuando nos pasemos a lo eléctrico? ¿No seremos dependientes de cuatro o cinco compañías que fijarán los precios a su arbitrio? ¿Puede alguien asegurarnos que, una vez enganchados, no subirán sus tarifas hasta las nubes?

Pongo otro caso: la llamada «descarbonización exprés» que afecta de lleno a nuestro paraíso natural. El Gobierno está empeñado -lo ratificó hace unos días el secretario General de Energía, José Domínguez Abascal– en cerrar las centrales térmicas antes de lo previsto. Las cuatro que hay en Asturias están prácticamente sentencias. Dos (Lada y Soto de la Barca) porque no han hecho las inversiones medioambientales exigidas, y la otra mitad (Aboño y Soto de Ribera) por la política energética que se quiere lleva a cabo. Volvemos a lo mismo. ¿Existe algún plan para paliar la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos que se va a producir? La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no para de hablar de compensaciones económicas. Fórmulas que han resultado fracasadas, como hemos visto con el cierre de la minería. Ver de nuevo como se prejubila a gente haciendo más pequeño nuestro mercado laboral, o se reparten subvenciones sin ton ni son, deja en el aire nuestro futuro. El mundo, claro, está cambiando muy rápido. Ahora bien, no lo hagamos girar aún más deprisa.

@balbuenajm

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