El pasado lunes, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo que su departamento iba a iniciar la construcción de 5.000 viviendas destinadas al alquiler. La medida tiene como objeto contrarrestar la fuerte subida de las rentas en ciertas zonas del país. En concreto, se van a transferir a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) 21,5 millones de euros para llevarla a cabo. A esto hay que sumar otras 1.500 más del Plan Estatal de Vivienda, gestionadas directamente por las comunidades autónomas. En total, según Ábalos, se tiene previsto realizar 20.000 viviendas, empezando en cinco ciudades que se consideran puntos rojos del arrendamiento: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Ibiza y Málaga.

Pues bien, el ministerio quiere solucionar el problema de esta burbuja del alquiler como cuando, en época del presidente Zapatero, se hablaba de «soluciones habitacionales». Es decir, actuando de forma directa sobre la oferta, lo cual, por cierto, no deja de ser paradójico. El parque de alquiler en España es de unos 2,5 millones. Ya me dirán si 5.000 (o 20.000), a unos precios de 400 euros mes, van a cambiar algo. Representan una gota de agua en el vasto océano del mercado. Obviamente, darán solución a un grupo de personas escogido, pero el resto seguirá igual. Además, tenemos que decir que la medida tiene un tufo electoralista innegable. Queda muy bonito prometer que se van a bajar las rentas, cuando, la realidad, es que probablemente ni siquiera se llegue a promover su construcción.

Sin embargo, eso no es todo. En el mismo acto, el ministro habló de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para «dar más estabilidad a los inquilinos». En concreto, quiere prorrogar los plazos. Actualmente, la obligación del propietario con su arrendatario es de tres años, ya que el PP modificó la LAU en 2013. Por lo visto, el PSOE ahora quiere volver a la situación anterior: cinco años. Algo, entiendo, que retirará viviendas del mercado ante el temor de sus propietarios a no recuperar los inmuebles en caso de necesidad. Si lo que se había conseguido era una cierta flexibilidad para que el arrendador ganase en confianza, volver a la fórmula previa a esta reforma significa todo lo contrario. Es decir, que el mercado sea rígido y disminuya su oferta. Ya ven, si por un lado el Estado construye pisos para el alquiler de cara a aumentar su número, por otro los desincentiva al cambiar la ley. No deja de ser un contrasentido.

En general, cuando un gobierno -de cualquier signo político- quiere actuar sobre el mercado residencial suele ser un desastre. Llega tarde y mal. Recuerden cuando, después de haber pasado la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia, se querían hacer toneladas de pisos de protección. Miren en lo que quedó.

@balbuenajm