De esta campaña tan anodina debemos de sacar algo en claro. Es decir, qué es lo que tiene pensado hacer cada partido para el próximo mandato. No me refiero, ojo, a los proyectos o ideas que reflejan en sus programas ya que la gran mayoría nunca se cumplirán. Un Ayuntamiento formado por siete (o más) formaciones hace que esto sea imposible de facto. Sin embargo, existen cuestiones donde los distintos grupos deberían de ser tajantes a la hora de sus planteamientos. Sí o no. Nada de circunloquios y emblandecer argumentos como si fuese chocolate al sol. Necesitamos saber de forma nítida qué piensan de verdad y, en cierta manera, no lo estamos consiguiendo. Pongo un ejemplo.

La renta social municipal fue uno de los ejes de la pasada legislatura. Su implantación en 2017 supuso toda una pléyade de opiniones a favor y en contra. Es más, el Consistorio se dividía entre quienes la defendían (Podemos, IU y Foro que la puso en marcha), y quienes eran sus detractores claros (PP, PSOE y Ciudadanos). Bien pensé, obviamente, que este iba a ser uno de los temas de debate en esta campaña. O sea, que los partidos se enfrentarían debido a la continuidad o no de la prestación. Ahora bien, la sorpresa ha sido mayúscula cuando veo que los que se posicionaban en contra la quieren reformar. No abolir como dijeron antes, sino, simplemente, darle un barniz para que siga igual. Esto es, adjuntarle una condición de inserción socio-laboral y santas pascuas. Vamos, que se vincule con que el beneficiario busque trabajo o similar para que todo siga como está. O sea, colapsando los servicios sociales municipales y haciendo piruetas para encajar su dotación presupuestaria cada año. Curiosamente, lo mismo que sucede con el salario social del Principado. Una ayuda que, no sólo no para de crecer (sobre 50.000 personas dependen del mismo), sino que anualmente se lleva más y más del presupuesto (vamos por los 124 millones de euros). Pero, por si esta experiencia no fuese importante a la hora de fijar postura, resulta que el salario social tampoco reinserta a nadie. Sus beneficiarios, ante el temor de perderlo, optan por no buscar o aceptar una oferta de trabajo. Algo que fue reconocido hasta por la propia consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

Miren ustedes, yo entiendo que la Unión de Comerciantes luche a brazo partido por su continuidad. Al final, son 5,5 millones de euros los que se han gastado en sus establecimientos y a nadie le amarga un dulce. Lo que pasa es que esa no es forma de que funcione esta ciudad. El que su Ayuntamiento se dedique a recaudar a una parte de la población, para entregarla a otra y que a su vez la gaste es un sistema artificial. Dopado y que acabará reventando otra vez, como ya se ha visto. Pregunto, ¿están todos los partidos de acuerdo en que ese es el Gijón que quieren?

@balbuenajm