Un trabajador o trabajadora cualquiera firma u contrato con una empresa. En el mismo, como es natural, se fija la tarea a realizar, la remuneración correspondiente y el tiempo que dura. A su término, la vinculación entre ambas partes cesa, salvo que haya un acuerdo previo de renovación. ¿Recibiría esta persona alguna indemnización? La respuesta es no. Durante las campañas electorales estamos hartos de escuchar al político de turno decir siempre lo mismo. «Queremos», suelen repetir, «firmar un contrato por cuatro años con la ciudadanía donde nos comprometemos a cumplir nuestro programa». Se entiende, pues, que una vez finalizado no hay porqué que pagarle nada. Se acabó y a otra cosa, si es que no se vuelve a presentar a la reelección. En todo caso, el tiempo del acuerdo expiró y, por lo tanto, no hay ningún tipo de despido que justifique esa compensación.

Sin embargo, lo que aprobó la Junta de Portavoces del Parlamento asturiano el pasado martes fue precisamente eso: que se les pague a los diputados un subsidio de un mes por año trabajado, con un máximo de doce. Efectivamente, como recalcan sus señorías, no sería en sentido estricto el paro, ya que no cotizan a la prestación por desempleo, pero sí una «ayuda económica» como dicen de manera eufemística. Algo que representa, con respecto al resto de los trabajadores, un privilegio se mire por donde se mire. A nadie que tenga un contrato temporal se le indemniza cuando llega a su fin. Imagínense que en esta situación están millones de empleados en nuestro país, puesto que, la temporalidad, es algo consustancial a nuestro mercado de trabajo. Lo raro, vamos a decirlo así, es que te hagan fijo, pese a que lleves años en el puesto.

La excusa para aprobar esta medida, según hemos escuchado, es que este tipo de estipendio lo tienen en el Congreso y otras comunidades autónomas. Lo cual, dicho sea de paso, no le resta un ápice ese aroma a privilegio que tiene. También que de esa manera se animaría a participar en la política. Ya me dirán si alguien con dos de frente, va a dar ese salto porque le paguen unos cuantos meses cuando acabe. Se necesita, más, yo diría que mucho más, si se quiere hacer atractivo el acceso a la vida pública. Entre otras cosas, eliminar el férreo corsé que tienen los partidos a la hora de elegir a sus representantes. O también que se le dé un prestigio del cual ahora carece, recuperando esa vocación de servicio que ha quedado en el olvido. Por lo demás, estamos viviendo un reciclado al alza de los cargos electos. En los ayuntamientos, sin ningún pudor, se suben a sí mismos los sueldos y en los parlamentos blindan prerrogativas. Empezando por crear esta prestación «sui generis» y siguiendo por las dietas por desplazamiento que se cobran, aunque vivan en la misma ciudad. Todo un ejemplo.

@balbuenajm