La situación de la industria asturiana empeora a marchas forzadas. No hay día en el que no tengamos una mala noticia. En la actualidad, está en la picota la empresa Vesuvius, además de una lógica preocupación por Arcerlor-Mittal. El gigante siderúrgico está dando pasos hacia lo que parece ser un movimiento de reducción. La cabecera, donde se produce, está sufriendo recortes a tutiplén. Las líneas de acabado, en cambio, no tanto. Todo ello, porque se está importando desbastes de Brasil y otras factorías. Es decir, allí se crea el acero primario dado que no existen costes medioambientales, mientras que aquí sólo se moldea. El problema es que esto, de continuar así, hace prescindible a buena parte de la plantilla de Arcelor, o sea, sobre 5.000 empleados. En concreto, las amenazas que se ciernen son principalmente cuatro: la subida en el coste de las materias primas, la electricidad más cara de Europa, el coste de los derechos de emisión y una invasión de acero turco debido a la política arancelaria de Estados Unidos. Como ven, una suerte de tormenta perfecta que está descargando con fuerza sobre nuestro paraíso natural.
Pues bien, de todos estos factores sólo en uno no puede influir la política: el precio del mineral de hierro. En los demás, se podría hacer algo. El estatuto de las electrointensivas, prometido por el Gobierno de Pedro Sánchez hasta la saciedad, no acaba de ver la luz. Recuerden que aquí se paga el doble que en Francia o Alemania por la factura eléctrica. Ahora dice que está en funciones, pero antes tampoco dio los pasos necesarios para ponerlo en marcha. Más bien, lo contrario. El mecanismo de interrumpibilidad -una ayuda a las empresas por desconectarse del sistema energético en caso de necesidad- ha ido recortándose progresivamente. Y por Europa la cosa no pinta mucho mejor. Ni ha reaccionado a la guerra comercial que les ha planteado el señor Trump, ni tampoco parece que quiera cambiar el sistema de los derechos de emisión de CO2. Si bien, el presidente asturiano, Adrián Barbón, nos dice que aumentarán las compensaciones. Resultado: las fábricas están pasando por uno de los peores momentos de su historia, sin que nadie mueva un dedo.
Buena prueba de cómo la política está sobrepasada, la vimos el pasado martes en el Parlamento asturiano. Comparecía el nuevo consejero de Industria, Enrique Miranda, a cuenta de la crisis de Vesuvius. En juego, 128 empleos. El consejero dijo que era «una deslocalización en toda regla», frase muy similar a la que escuchamos en su día a Javier Fernández, a cuenta del intento en Alcoa. «Es una deslocalización de libro», dijo. Sólo le faltó a Miranda encogerse de hombros, para justificar que no podía hacer nada. De nuevo, aunque «tenga las manos atadas», un Gobierno asturiano se sale por la tangente. Lo dicho: hagan algo, por favor, o nos quedamos sin industria.
@balbuenajm