Hablemos del caso de nuestras depuradoras. Tanto la del este como la del oeste. Ambas afectadas por problemas burocráticos, aunque de diferente índole. Veamos, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Reguerona está pendiente de una renovación. Ahora bien, como siempre, llega con retraso. Ya desde el 2017 tenía que haberse hecho una inversión de 19 millones de euros al quedarse la instalación obsoleta, con objeto de cumplir la normativa comunitaria. El Ministerio de Transición Ecológica -ese que se da tanta prisa en cerrar las centrales térmicas- no ha sacado todavía las obras a licitación. La excusa: que tenemos un Gobierno en funciones. El resultado: la única EDAR que está operativa en Gijón, vierte los residuos con impurezas que no son acordes con la directiva de la Unión Europea sobre la calidad del agua. El vicepresidente asturiano, Juan Cofiño, aseguró la semana pasada en el Parlamento que la inversión por parte del Estado se haría «en muy pocos meses». Resumimos, no sólo la depuración de la cuenca este tiene problemas, la oeste también.

Vamos con la (no) depuradora del Pisón. Obra paralizada en abril de 2016 y que no se pone en marcha debido a que incumple la legalidad. Esto es, se situó en un lugar que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Sentencia ganada por los vecinos de una colonia de chalés adyacente y que se ha tenido que cumplir a la fuerza. En la actualidad, está pendiente de un estudio de impacto ambiental que, en teoría, permitiría estrenar la instalación. Y digo en teoría, porque todo está cogido con alfileres. El estudio realizado por el Ministerio volvió a señalar la ubicación existente como la más óptima. Por supuesto, tendrá que convencer de ello a los tribunales y luchar para que dicho informe no sea desacreditado. Además, los vecinos del Pisón no se están quietos. Tras presentar una alegación al Plan General de Ordenación (PGO) para declarar esos terrenos como zona verde y ser desestimada por el Ayuntamiento, su estrategia ahora pasa por reclamar ante la Justicia la anulación completa del planeamiento. Dicho de otra forma: las administraciones intentan tapar un agujero y aparecen veinte. El lío judicial en el que está metida la EDAR es morrocotudo. Tanto, como que no sabemos ya con que quedarnos: si intentar legalizarla -lo cual se prevé «ad infinitum»- a toda costa o que vayamos preparando el terreno para una nueva. En cualquier caso, un desastre.

Sí, porque no es sólo la cuestión jurídica, sino también monetaria. Estas depuradoras están costando un riñón en multas. Al estar incumpliendo la directiva comunitaria de forma permanente, el Estado tiene que pagar dos sanciones. Una directa de 12 millones de euros, junto con una segunda «coercitiva o disuasoria» de carácter mensual. Díganme si esto no es tener dos ruinas paralelas en la ciudad.

@balbuenajm