La Junta de Gobierno ha aprobado el presupuesto para 2022, siendo casi el mismo que hace un mes presentó la concejala de Hacienda, Marina Pineda. Por aquel entonces, la duda estaba en la recaudación del impuesto municipal de plusvalía después de su anulación por parte del Tribunal Constitucional. Una merma -cerca de 12 millones de euros- que ponía en solfa, no sólo las cuentas gijonesas, sino las de resto de municipios. Todo ello, resuelto de forma rápida por parte del Ejecutivo central con una nueva regulación exprés. El equipo de gobierno municipal cifra ahora esa pérdida en 900.000 euros, compensada por el incremento en el dinero que recibirá del Estado (800.000 euros más). Algo que, entiendo, debería de ser objeto de un mayor análisis. La antigua plusvalía era un tributo que se pagaba siempre. Es decir, no reconocía ninguna merma patrimonial del contribuyente. Sin embargo, la nueva lo hace. Esto es, habrá gente que no tendrá que pagar y eso significará también menos ingresos. Además, la fórmula de cálculo permite dos variantes a elegir en función de lo que más le convenga al sujeto pasivo. Por tanto, se acogerá a aquélla donde su cuantía sea la de menor importe. Tenemos, pues, un escenario donde esos 10,9 millones de euros previstos de la plusvalía pueden ser demasiado optimistas. En definitiva, lo que le está pasando a casi todos los presupuestos de las distintas administraciones: aciertan (o casi) con los gastos, mientras que los ingresos tienen una buena dosis de deseos más que realidades. Aquí hablamos de cuadrar 247millones de gasto (336,1 con las empresas municipales) con una economía que todavía permanecerá renqueante. Veremos.

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