Nadie dijo que fuera fácil cuadrar la financiación autonómica. De hecho, todos los gobiernos intentan aplazar su reforma lo máximo posible dilatándola en el tiempo. Es lo que está haciendo el actual de Pedro Sánchez y también el anterior con Mariano Rajoy a la cabeza. Entre otras cosas, porque saben que es un juego de suma cero: nadie quiere perder. Ningún presidente de una comunidad puede volver de una negociación con las manos vacías. O sea, diciendo que recibe menos fondos del Estado. Por eso, el problema se resuelve de una única manera: repartiendo más recursos entre todos. Algo que resultaría sencillo si no hubiera problemas en forma de agravios comparativos. Esto es, no sólo tienes que recibir más dinero, sino que además debe ser proporcional al que obtenga el resto. Algo, digo, que complica la cuestión en extremo y hace de nuestro sistema de financiación territorial un auténtico rompecabezas.
En este sentido, la reunión entre ocho presidentes autonómicos del pasado martes podemos considerarla como positiva. Al menos, existe también un bloque con el que enfrentarse al bilateralismo. Sí, porque el Gobierno central -como hicieron los anteriores- usará esta fórmula y no me cabe la menor duda de que Cataluña seguirá marcando la pauta. Ojo, pero no sólo ella, sino que otras como la comunidad valenciana o Madrid también tendrán mucho que decir. Sus criterios de reparto son completamente opuestos a los de la España que se reunió en Santiago. Quieren que se haga en función del número de habitantes, mientras que a Asturias y estos territorios les interesa que se pondere otras variables. Entre ellas, la dispersión de la población, el envejecimiento o el coste real de los servicios. Nadie duda, pues, de que el meollo de la cuestión se encuentra en cómo hacer compatibles ambas posturas. De momento, la declaración de 35 puntos presentada por esas ocho comunidades hace mención expresa una financiación «justa y equilibrada». Todo ello, lógicamente, para reivindicar un mecanismo multilateral. En nuestro paraíso natural, nos la jugamos. Aproximadamente un 70% de nuestros ingresos proceden del Estado. Además, tenemos un problema reconocido incluso por la propia consejera de Hacienda, Ana Cárcaba: los recursos actuales no dan para cubrir el gasto corriente. Necesitamos que el nuevo sistema aporte más fondos, para no tener que seguir incrementando la deuda.
@balbuenajm