Ojo, a lo que se les viene encima a los vecinos de La Calzada. Según aprobó esta semana el Ministerio de Transportes, Gijón recibirá siete millones de euros para transformar gran parte del barrio en un área de bajas emisiones. Habrá cámaras con lector de matrícula, sonómetro para el ruido, aparatos que cuentan coches, junto con sensores de aparcamiento en las zonas de carga y descarga. Dicho de otro modo: nada que ruede se escapará al control municipal. Incluso muchos automóviles por antigüedad y tipo de motor ni siquiera podrán entrar. Todo ello, para «contribuir a reducir el uso del vehículo privado», como filosofía principal del Ayuntamiento. Según parece, identifican al coche como eje de los males de contaminación en la zona oeste y, por eso, habrá ocho puntos con dispositivos de monitorización medioambiental. Sin embargo, en La Calzada saben de sobra que eso no es así. Los problemas con el aire tienen orígenes industriales y no solo se solucionan prohibiendo el uso del vehículo particular. De hecho, es muy probable que después de instaurar este «apartheid» automovilístico, sigan exactamente igual que antes: viendo como un polvo ocre se acumula día tras día en sus viviendas. «Apartheid», por cierto, también aplicable a La Arena, donde la asociación de vecinos está encantada con los planes del concejal de Movilidad, Aurelio Martín. Pese a tener sus calles colapsadas por el cierre al tráfico del Muro, quieren que sea completamente peatonal. No sólo eso, sino que aplauden la reordenación de las pocas plazas de aparcamiento que quedan. Si ya es muy difícil encontrar alguna libre luego, con un tercio reservadas a residentes, resultará imposible. Eso sí, se creen la milonga de que construirán un aparcamiento subterráneo en el parque de Cocheras. Ilusos.

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