Veo que en La Calzada ya están empezando a tomar conciencia de lo que se les viene encima. Me refiero a la zona de bajas emisiones que allí se quiere implantar y que convertirá a gran parte del barrio en un gueto. Una especie de «zona de exclusión automovilística» que afectará a todos los gijoneses cuando tengamos que transitar por allí, pero aún más a los vecinos en su vida diaria. De hecho, desconocemos si alguien ha estudiado cómo afectará al comercio o cualquier otro tipo de establecimiento la pléyade de restricciones que se van a imponer. Desde la pérdida de plazas de aparcamiento, pasando porque muchos vehículos en función de su antigüedad o tipo de motor ni siquiera podrán entrar. Pregunto, ¿acaso cree alguien que los clientes no lo van a notar? ¿Acaso que se van a encontrar cómodos en unas condiciones de control y prohibiciones sin igual en las calles? ¿Acaso no optarán por irse hacia otras zonas de la ciudad? Eso sí, según hemos podido saber esta misma semana se piensa establecer de una manera particular. Yo diría que al revés. Es decir, primero vamos a gastar los casi 7 millones de euros que da Europa en poner cámaras y sensores por todos los lados (finales del 2023) y después, nos dedicaremos a reglamentar lo que se va a dejar hacer o no (enero de 2026). Más bien, insisto, piensen que predominará sobre todo lo segundo: o sea, limitaciones a tutiplén. En definitiva, un panorama nada halagüeño para La Calzada y que valdrá para poco, puesto que sabemos de sobra cuál es el origen de la contaminación en la zona oeste. Resumiendo, el concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Aurelio Martín, nos asegura que esta zona de baja emisiones «no perjudicará a los residentes del barrio». Claro, por eso no sabremos su regulación hasta después de las elecciones.

@balbuenajm

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