Cuando se inició esta nueva versión del plan de vías todo eran bondades. Esto es, iba a ser más rápida en su ejecución que la del 2019 e incluso barata. Se nos planteaba, digo, un paisaje para la integración ferroviaria con un cielo azul resplandeciente. Sin embargo, según va pasando el tiempo están apareciendo nubarrones. El próximo día 4 de mayo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, vendrá a Gijón para firmar un protocolo. Ojo, no el convenio esperado, sino un documento de intenciones. En el mismo, se recogerá la licitación de los proyectos constructivos que tardarán dos años en redactarse. Conclusión: no sé si en el siguiente mandato veremos cómo se mueve una piedra. Dicho documento -al no tener fuerza jurídica- estará al albur del gobernante de turno en Madrid. Recordemos que en 2023 hay elecciones a todos los niveles. O sea, que puede que la ministra Sánchez no sea la última que pasa por Gijón prometiéndonos realidades, sino que igual tenemos que ver algún responsable más. Oigan, y van ocho los ministros/as que han intentado desarrollar este plan desde el año 2002. Por otra parte, se nos aseguró que la bajada de costes favorecería su desarrollo. Hablamos de que con respecto al anterior proyecto se ahorraban 63 millones de euros. Cosa que no va a ser así por culpa de la inflación. Ya avisa nuestra alcaldesa, Ana González, de que a la hora de la licitación su precio final subirá. Dicho de otra manera: no quieren que pase lo mismo que con la reforma del Hospital de Cabueñes. Tenemos, pues, que los argumentos dados para derribar el convenio anterior van cayendo. Primero, porque ni siquiera vamos a tener algo jurídicamente sólido después de cuatro años y segundo, debido a que estamos con la misma incertidumbre que antes. Inmersos, diría yo, desde hace veinte años en una distopía ferroviaria.

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