En la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) ha estallado una bomba. Así podríamos calificar la situación interna que está viviendo en estos momentos. Recuerden que la explosión comenzó cuando conocimos que un capataz había estado acosando sexualmente a sus subordinadas durante años. Todo ello, con el agravante de que sus víctimas dependían de su valoración para renovar el contrato. Sin duda, los controles en Emulsa fallaron de forma estrepitosa. Las empresas públicas gijonesas, que tan a gala llevan ser pulcras con estos comportamientos deleznables, están en la picota. Máxime, cuando el presidente y concejal, Olmo Ron, intentó en un primer momento la destitución del gerente y la directora de recursos humanos. Del primero no lo consiguió al impedírselo en una primera reunión el consejo de administración, mientras que la segunda tiene carácter funcionarial y su cese es más complejo. Si esta situación hubiese sucedido en una contrata municipal privada cualquiera, no habría ni la más mínima duda. A estas alturas el Ayuntamiento le hubiera rescindido la concesión sin miramientos. Ahora bien, por el carácter público de la empresa la cosa se complica. El capataz ha sido despedido (¡faltaría!), su encargado sancionado por conocer el acoso y, a partir de ahí, predomina el sálvese quien pueda. Incluido el del propio Ron a quien ocho de los quince consejeros le piden la dimisión. Al mismo tiempo, también supimos que otro empleado, en este caso barrendero, estaba inmerso en un proceso judicial por pederastia. Fue la policía local quien alertó de que no podía acercase a los colegios. Sigo, encima existen problemas económicos. Se encuentra metida en pérdidas desde hace tiempo y ahora, además, debe pagar 3,2 millones de euros anuales por el nuevo impuesto estatal sobre la basura. Repito: en Emulsa ha estallado una bomba y todo el mundo está intentando evitar que la onda expansiva le alcance.

@balbuenajm