En España hay 151 urbes que están obligadas a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Ya saben, áreas donde se prohíbe la entrada de los vehículos más contaminantes y se imponen restricciones al tráfico rodado. Pues bien, solo 14 ciudades, es decir, sobre un 9% aproximadamente, disponen ya de ellas. Ojo, son datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los burócratas se consuelan diciendo que en el resto están en marcha y únicamente 17 ni siquiera han iniciado los trámites. Todo ello, pese a que la normativa entró en vigor el pasado uno de enero. Como ven, un éxito. Entre los problemas que tienen los municipios se encuentran los legales (algunas han sido paralizadas judicialmente), de resistencia ciudadana (implica también un cierto cambio de vida) y económicos (a veces, hay que comprar coche). Por tanto, no podemos ver en las ZBE algo que tenga tirón o que sea demandado por las ciudades. Más bien, se está haciendo a mala gana. Eso sí, desde el Ministerio avisan de que incrementarán la presión coercitiva. Por cierto, no podíamos esperar otra cosa. En Gijón, tenemos en marcha la zona de La Calzada con un presupuesto de 9,3 millones de euros (6,3 financiados por el maná europeo). Sin embargo, lo principal, esto es, el vial de Jove que eliminará el tráfico pesado del barrio, sigue acumulando retrasos. En estos momentos, casi cinco meses más para que las empresas presenten sus ofertas. Nos dicen desde el Principado que ese tiempo se recuperará durante la ejecución. Sí, seguro… El equipo de gobierno municipal tiene en mente otra nueva ZBE en Cimavilla. Ahora bien, los «playos» han sufrido un varapalo cuando fueron denegados los fondos europeos para su remodelación. El motivo: que el Ayuntamiento había efectuado la solicitud con errores formales. En concreto, tenía pufos fiscales. Díganme, pues, por dónde empezamos la casa verde: si por los cimientos o por el tejado.

@balbuenajm