El proyecto para la construcción de viviendas públicas en el solar de la antigua Escuela de Peritos no es nada nuevo. De hecho, el Principado ya lo presentó en marzo del año pasado. Incluso estuvo presente en la firma de un convenio entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento (diciembre 2022). El hecho es que ahora, con la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado en manos de IU, parece que se quiere relanzar. Según nos asegura su titular, Ovidio Zapico, serán 250 pisos en régimen de alquiler para menores de 35 años. Asimismo, se construirá un parking subterráneo con 411 plazas, algo con lo que ya contaban los anteriores gestores municipales para mitigar la escabechina de aparcamientos que habían perpetrado. Dicen que será una realidad hacia el verano de 2016, sobre todo porque es la fecha que impone Europa para la concesión de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (8,9 millones de euros de un total de 44). Además, afirma el consejero que es la solución al acceso a la vivienda, puesto que «es el principal problema para los jóvenes». Sinceramente, algo que ponemos en duda.

De nuevo, desde instancias políticas se cree que el mercado del alquiler se puede dominar y manejar a su antojo. Esto es, que mientras cientos de pequeños arrendadores se retiran puesto que son penalizados por la nueva Ley, desde lo público se va a compensar dedicándose a la construcción. Una especie de Matrix donde los inquilinos dependerán del gobierno de turno y no de sus contratos particulares con los arrendadores. En Gijón, no es nada nuevo. Fíjense si no qué arreglaron los minipisos de la Universidad Laboral, construidos hace más de una década con el mismo propósito. O sea, 102 apartamentos que iban a resolver el acceso a un piso por parte de los más jóvenes, pero que desde el punto de vista de la oferta resultaron irrelevantes. Ahora, se quiere que la iniciativa privada construya este bloque a cambio de una explotación durante setenta años, con un precio máximo de 8,5 euros por metro cuadrado. Lo cual, viendo lo que está pasando con otras licitaciones, se nos antoja también complicado. El caso, como digo, es que no se buscan fórmulas de incentivos para que salgan al mercado más pisos particulares en régimen de arrendamiento, sino que se intenta suplirlos incrementando la oferta pública. A la postre, una gota de agua en mitad del océano.

@balbuenajm