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Jose Manuel Balbuena

RETORCIDA REALIDAD

Un acto administrativo.

En Cataluña ya hay datos oficiales sobre la declaración de zonas tensionadas para el alquiler. Recordemos que allí, a diferencia del resto de España, su implantación ha sido masiva. De hecho, la limitación de precios se declaró en 140 municipios, ampliándose luego a 271. A la postre, el 90% de la población catalana (más de 7 millones de personas) vive bajo rentas que controla la Generalitat. Pues bien, dando por buenos los datos del Ministerio de Vivienda -ojo, que es mucho suponer- se ha producido un descenso del 3,7% en los precios. Es decir, en una renta de 700 euros, por ejemplo, la bajada tras un año desde su aplicación sería de casi 26. Como ven, nada del otro mundo. A cambio la intervención del mercado ha traído dos consecuencias. La primera, aumentaron de manera descarada los alquileres de temporada. O sea, aquellos que están pensados para trabajadores, estudiantes y colectivos que necesitan rentar por varios meses. ¿Por qué? Muy fácil: es la manera que tienen los propietarios de burlar a la infame Ley de Vivienda. Y la segunda, se ha reducido un 25,7% el número de pisos disponibles. Cerca de 40.000 arrendadores han abandonado el mercado, según datos de los portales inmobiliarios. Como ven, repito, la bajada no ha podido ser más pírrica.

En Asturias, la voraz consejería de Vivienda quiere hacer lo mismo. En principio, ha declarado 16 zonas tensionadas en 6 concejos diferentes. Eso sí, estamos seguros de que no parará hasta controlar todo el paraíso natural. Esto es, forzar a los arrendadores a que apliquen un precio calculado en base a un índice de referencia. ¿Qué pasará? Exactamente lo mismo que en Cataluña. Aumentarán los alquileres de temporada y muchos propietarios se marcharán. En otras palabras: se agravará la crisis de oferta inmobiliaria. Luego, claro, al cabo de un año, habrá un estudio ad-hoc que demostrará lo bien que han funcionado las zonas tensionadas. Mientras tanto, a las puertas de las inmobiliarias se irá agolpando gente desesperada. La libertad para negociar entre arrendador y arrendatario quedará abolida: ya lo hace el Principado por ti diciéndote cuánto vale tu inmueble o reparando los desperfectos causados. Olvídense, pues, de hablar de libre mercado puesto que quedará derogado. Más bien, alquilar será un acto administrativo. Vamos, un trámite más ante el Principado, pero con su propiedad privada.

@balbuenajm

Por JOSE MANUEL BALBUENA

Sobre el autor

Economista y empresario. Colaborador de EL COMERCIO desde hace ya muchos años. Vamos, un currante en toda regla


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