Según creíamos, lo que le interesaba al Puerto era vender sus activos. Esto es, hacer caja para así afrontar una reducción de la deuda por la ampliación. De hecho, en el desarrollo de los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón nunca quiso participar. Lo que siempre pretendió, en definitiva, fue coger el dinero y punto. Es más, si no llega a ser por los 4,6 millones de euros que el Ayuntamiento puso encima de la mesa para su adquisición, se hubiera comido la propiedad con patatines. Dicho de otra forma: esos 35.000 metros cuadrados nunca se los hubiera comprado la iniciativa privada, debido a que no tenían aprovechamiento residencial. Sin embargo, ahora que están vendidos el Puerto parece haber cambiado de opinión. Pese a que en la transacción se incluyó una cesión gratuita de una franja litoral de 3.848 metros cuadrados, no quiere cumplir lo firmado. Parece, digo, que de repente le han entrado ganas de ser «agente urbanizador» de la zona. ¿Por qué? Está muy claro: ha habido un giro drástico en la dirección de la Autoridad Portuaria hacia lo político. No es casualidad que en el consejo de administración se siente directamente la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, o que ahora esté al frente una ex consejera del Principado, Nieves Roqueñí. No entendemos, pues, estas ganas de enredar sobre un proyecto tan importante para la ciudad. Decía nuestra alcaldesa, Carmen Moriyón, que «no pensaba que hubiese alguna intencionalidad política» en todo lo que está pasando. Pregunto, ¿seguro?

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