Sigue la polémica por esa franja litoral que el Puerto se niega a ceder. Todo ello, pese a estar acordado en la venta de los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón. Según pudieron leer ayer en estas mismas páginas, ahora a la Autoridad Portuaria le preocupa la actividad náutica-deportiva. Es decir, una entidad que prevé un tráfico de mercancías de 14,2 millones de toneladas está que no duerme por el amarre del yate de turno. De hecho, propone un convenio con el Ayuntamiento donde habla incluso del cierre de esa franja a los ciudadanos, cuando se estén desarrollando actividades de forma temporal o permanente. Para nada, dice en dicho convenio que la titularidad pase a ser municipal, tal y como estaba contemplado. A eso, el PSOE gijonés le da sus parabienes. Ojo, a pesar de que en su día no puso ni una objeción a esa cesión gratuita. Es más, hasta criticó que se pagasen 4,6 millones de euros por el terreno. La edil socialista, María Pineda, ha dicho que en el consejo de administración «nadie se había dado cuenta de lo que implica perder el control de la lámina de agua». Vaya… Miren ustedes, aquí de lo que hablamos es de algo más que una simple franja. Estamos ante una operación política de oposición al gobierno municipal a través del Puerto. Ya no es que la Autoridad Portuaria tenga ganas de enredar, sino que ha enredado el asunto de mala manera. Entiendo que el Ayuntamiento debe mantenerse firme en el cumplimiento del trato. Hoy es por es 3.848 metros cuadrados de terreno y mañana, ¿qué?

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