La política de alquiler del Principado se mueve entre fantasmas. Esto es, en la búsqueda incansable de grandes propietarios -codiciosos como ellos solos- que machacan a sus inquilinos. Así, apoyándose en la nefasta Ley 12/2023, se están creando las denominadas zonas tensionas. Ya saben, 6 concejos y 16 barrios donde las rentas estarán limitadas en cuanto a precio. Todo ello, para controlar a lo que se denomina grandes tenedores. Es decir, quienes poseen más de 5 propiedades alquiladas en dichas zonas o 10 en cualquier otra. Ahora bien, la realidad del mercado asturiano es muy diferente. Según datos del Banco de España, solo el 4% de la vivienda arrendada en Asturias está en manos de inversores institucionales. O sea, fondos de inversión, entidades financieras o sociedades cotizadas; mientras que el 96 % restante es propiedad de particulares. Estamos hablando, pues, de personas que rentan los pisos comprados con los ahorros de una vida de trabajo o heredados, como un ingreso extra para complementar su pensión. Esa es la radiografía del arrendamiento en Asturias. Por tanto, esta intervención del mercado no se justifica por unos presuntos propietarios a granel que están en oligopolio, ya que, como ven, representan una parte ínfima.

Sin embargo, según parece, se quiere seguir persiguiendo ectoplasmas. En la reforma del IRPF que pretende el Gobierno asturiano, esos grandes tenedores pasarían a tributar al 15% en el impuesto de transmisiones patrimoniales. A la postre, el que se paga en la compraventa de inmuebles de segunda mano. Así, para un piso de 200.000 euros tendrían que abonar a Hacienda nada menos que 30.000 euros. ¡Vaya pasada! Lo cual, claro, desincentiva más todavía la oferta. Dicho de otra forma: esos propietarios, ya de por sí pocos, serán menos, puesto que ni se plantearán incrementar su cartera inmobiliaria. Ojo, y como efecto colateral penalizará al inmueble usado, puesto que sale mejor pagar el IVA de uno nuevo (10%). En la consejería de Vivienda (IU-Convocatoria por Asturias) están dando los pasos necesarios para erradicar el mercado inmobiliario privado. En resumen, que quien quiera arrendar o comprar un piso en nuestro paraíso natural, tenga a la fuerza que pedírselo a la administración. Por cierto, gran tenedor con diferencia -somos la segunda comunidad en vivienda pública tras Madrid- y que parece querer controlarlo todo. Incluso hasta la compraventa.

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