A granel.
Estoy seguro de que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se diseñaron en algún despacho de Bruselas. No sé, supongo que el mismo que unió el tapón a las botellas de plástico con el consiguiente fastidio. La norma contempla que las ciudades de más de 50.000 habitantes deben implementar una ZBE. O sea, sin tener en cuenta para nada las características particulares de cada urbe. Es decir, algunas lo necesitarán y otras quizá no. Pues bien, como resultado de esta política de lo verde a granel, surgió la zona de baja emisiones de La Calzada. Una especie de Gran Hermano donde las cámaras y equipos de medición lo controlan todo. En especial, a los conductores cuyo coche -si carece de etiqueta medioambiental- no puede ni entrar. Además, claro, de contemplar un régimen sancionador de lo más amplio. Los municipios españoles están intentando adaptarse a regañadientes. De hecho, solo en unas 49 de las 153 ciudades obligadas están funcionando. En Gijón, el sistema está montado pero el Ayuntamiento no quiere multar. Más que nada, para no caer en un contrasentido: mientras se penaliza al vehículo particular a pocos metros los camiones siguen transitando a tutiplén por la avenida Príncipe de Asturias. Sin embargo, en el Ministerio de Transportes no lo entienden así y sus subvenciones al transporte público están condicionadas a sancionar en las ZBE. Resultado: a partir del 1 de julio el billete del autobús municipal subirá al doble del precio actual. Daño colateral, como digo, de utilizar lo verde a granel.
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@balbuenajm