La oferta inmobiliaria del alquiler se hundió con la aprobación de la Ley 12/2023. Norma tan intervencionista que los arrendadores se marcharon del mercado corriendo. Hace dos años -fue en mayo de 2023 cuando entró en vigor tan nefasta regulación- se produjo una especie de socialización de la propiedad privada. Es decir, los dueños perdieron el control sobre sus pisos. Ahora es la Administración de turno quien impone los precios del arrendamiento, las posibles subidas en la renta e impide desahuciar a los inquilinos cuando no pagan. Como comprenderán, el efecto que produjo fue demoledor: la oferta cayó en picado y la subida de precios en los alquileres está siendo histórica. Pues bien, a modo de remedio, surgen dos programas que intentan animar a que los pisos vacíos vuelvan al mercado. Son el «Alquilámoste» del Principado y «Gijón confía alquilando» de nuestro Ayuntamiento. Ambos con filosofías similares: dar incentivos a la propiedad para que pierda el miedo a alquilar. Sin embargo, el eje del mal sigue ahí. O sea, la Ley está plenamente vigente y en Asturias se piensa aplicar hasta sus últimas consecuencias. Miren si no cómo avanza la tramitación de las zonas tensionadas en La Arena y Cimavilla, para gozo de la consejería de Vivienda. Por tanto, la mejor forma de recuperar la confianza de los dueños sería derogar esa dichosa Ley. Esto es, hacer una donde no se considere a los propietarios como especuladores. Mientras tanto, asistimos a la creación de parches para remediar sus consecuencias.

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