La presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, accedió al cargo como un elefante en una cacharrería. Esto es, su primera medida fue intentar no cumplir un acuerdo firmado ante notario con el Ayuntamiento. Me refiero, claro, a la cesión gratuita de una pequeña franja litoral, tal y como se había pactado en la compra de los terrenos de Naval Gijón. Además, mostró un concepto extraño de lo que debía ser el Puerto para la ciudad: un «agente urbanizador», decía. O sea, una especie de segundo Consistorio en competencia con el oficial. A partir de eso, como es lógico, las relaciones con el equipo de gobierno municipal quedaron muy tocadas. Es más, Carmen Moriyón y los suyos no tienen ninguna empatía con la dirección actual, como acaba de quedar demostrado. De hecho, por el informe de la Inspección General de Servicios del Principado ante el trágico accidente en la mina de Cerredo, han pedido su cese inmediato. Entre otras cosas, porque el documento pone en entredicho el control sobre la minería asturiana de dos exconsejeros de Industria (la propia Roqueñí y Enrique Fernández). Sin duda, el Ayuntamiento ha pasado al ataque y se está cobrando los agravios pendientes. No podemos decir que, hasta el momento, se haya producido algún tipo de acercamiento entre ambas instituciones. Más bien, todo lo contrario. Los recelos y la desconfianza es lo que ha predominado. Por eso, no es de extrañar que ahora veamos esta vendetta política de manual. Dicho de otra forma: donde las dan, las toman.

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