A mi modo de ver, es normal que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) deniegue la aplicación de medidas cautelares por la declaración de dos zonas tensionadas para el alquiler en Gijón. En concreto, Cimavilla y La Arena. Digo más, hasta creo que en el futuro no se pronunciará a favor del Ayuntamiento. Más que nada, por dos motivos. Primero, en noviembre de 2023 el Pleno municipal -con la incomprensible abstención de Foro y PP- aprobó iniciar los estudios para esa declaración, aunque posteriormente se retractó. Y segundo, estamos hablando de un instrumento legal contemplado en la nefasta Ley de Vivienda. Es decir, solo se puede aducir un defecto de forma en su aplicación y poco más. Por tanto, ¿hay alguna posibilidad de que vía judicial se tumben las zonas tensionadas? Yo creo que no, salvo, como dije, que exista algún vicio formal que la Consejería de Vivienda del Principado corregiría a la velocidad de la luz. ¡Menudos son! En cambio, es más probable que en el ciclo electoral del año que viene, el panorama cambie. Un nuevo Ejecutivo debería derogar esta norma y dejar de considerar a los propietarios como el enemigo público número uno. Entonces, ya hablaríamos de otra cosa. Esto es, de que el mercado volvería a imponerse en un entorno de mayor confianza y seguridad jurídica. Dicho de otra manera: mientras exista el actual marco legal la oferta en alquiler será nula, puesto que los arrendadores huyen de la legislación existente. Sin embargo, si se deroga la ley, se acabó el problema.

Sígueme en X

@balbuenajm