En Nueva York la concesión de determinadas ayudas está sujeta a un requisito: que se tenga domicilio en la ciudad. Es decir, la urbe más multicultural del mundo -con gente que llega cada día desde cualquier rincón del planeta- exige el arraigo como condición indispensable para acceder a las subvenciones. Sin embargo, aquí eso parece ser «ilegal y hasta inconstitucional». Al menos, es lo que dice la izquierda a tenor del pacto suscrito entre PP y Vox para aprobar el presupuesto de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa). En el mismo, se otorga mayor puntuación para acceder a un piso de emergencia a quienes más tiempo lleven empadronados en Gijón. O sea, no se habla para nada de dónde vengan (su nacionalidad es indiferente), sino de que residan en la ciudad (en definitiva, que no estén de paso). Algo, por otra parte, que a mí me parece lógico. Ahora bien, el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, dice que llevará esta baremación ante los tribunales. Mientras que su jefe, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, asegura que «mirará con lupa» las solicitudes que le lleguen desde nuestra ciudad. Hipérboles que debemos atribuir a los tiempos electorales que vivimos. A que todo está polarizado y se le quiere sacar punta. Ya me dirán, pues, si a la hora de conceder una vivienda a esto se le puede considerar la famosa «prioridad nacional», en este caso, «municipal», de la ultraderecha. Lo mismo que exigir un comportamiento cívico o que no se esté en situación irregular en el país.

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@balbuenajm