Miren ustedes, firmar un contrato de alquiler en la actualidad no vale para nada. Es decir, las condiciones pactadas —al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos— se cambian constantemente en base a las circunstancias políticas. El arrendador no decide ni el precio del alquiler (la renta está topada), ni las subidas (limitadas al porcentaje que establezca el decreto de turno), ni tampoco su duración (con prórrogas forzosas). Es como si, en un partido de fútbol, se fuesen cambiando las reglas con objeto de favorecer a uno de los equipos, en función de lo que pite el árbitro. Digo más, esto es así por la maraña legal que se ha creado y que desincentiva a cualquier propietario. Tenemos, por un lado, la infame Ley 12/2023 que fue el origen de todos los males. Por otro, uno de sus mecanismos más nocivos, como es la declaración de zonas tensionadas. A esto hay que añadir los famosos reales decretos tumbados en el Congreso y posteriormente rescatados por el Gobierno central. Pero, por si todo lo anterior no fuese suficiente, en Asturias se está preparando una Ley de Vivienda a la carta. Dicho de otro modo: otro instrumento de tortura para los propietarios por si fueran pocos los que ya existen. Toda la izquierda está trabajando para ponerla en marcha cuanto antes. Con lo cual, repito, el batiburrillo legal es de tal calibre que hace imposible aumentar la oferta. Más bien, todo lo contrario. O sea, que cualquiera que tenga un inmueble: o bien lo deje vacío esperando tiempos mejores, o bien lo venda.
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@balbuenajm