El que fuera presidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, compareció ayer ante el juez. Pesa sobre él una acusación de prevaricación, puesto que, según la Justicia, contrató a dedo a 104 personas antes del congreso del PP que ganó su hijo. Durante sus 22 años de presidencia, Baltar, también conocido como el «cacique de Orense», contrató eventualmente a más de 8.000 personas. Casi todos con currículums examinados por su persona para elegir a los candidatos más «idóneos» para el puesto. Método de selección, pues, el enchufismo. El 23 de enero del presente la funcionaria más conocida del Principado, Marta Renedo, cambiaba su declaración ante un juzgado de Avilés. Decía que las contrataciones de personal mediante una empresa interpuesta, esto es, que cobraba por unos trabajos o servicios que no realizaba, eran instadas por sus superiores. Es más, aseguraba que hasta le daban el DNI de las personas a contratar para la consejería de Cultura mediante dicha práctica. Y terminaba la exfuncionaria Renedo con una frase para enmarcar: el enchufismo es una práctica habitual dentro de la Administración. A resultas de la eterna instrucción –más de dos años- del «caso Marea», el juez Ángel Sorando ha imputado a la exconsejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, y a su director general, Carlos Madera. Sostiene Sorando que es «totalmente creíble» que ambos enchufaran a personal ilegalmente. Dice, además, que las declaraciones de Renedo, aunque pueden ser para alargar aún más la instrucción, coinciden plenamente con lo investigado desde su juzgado. Resumiendo, acepta la posible verosimilitud de los hechos. Bien, con estas dos nuevas imputaciones son ya cuatro los ex altos cargos del gobierno de Areces presuntamente implicados. La Administración asturiana, no ya sólo contrataba con determinadas empresas merced a sus dádivas y chanchullos, sino que elegía al personal como le daba la gana. El «caso Marea» se está convirtiendo en un vademécum de prácticas administrativas irregulares. Vamos, de lo que en ningún caso se debe hacer si se quiere presumir de una administración transparente. Mientras sus señorías se entretienen formando una comisión parlamentaria para citar a 59 personas, la Justicia está poniendo los puntos sobre las íes en una presunta trama de corrupción administrativa. Por cierto, ¿qué diferencia hay entre los métodos de Baltar y el Principado?