Sólo dos días han hecho falta para certificar lo que más o menos se intuía: la comisión de investigación parlamentaria sobre el «caso Marea» no va a aportar nada. Aunque su presidente y promotor, el diputado de UPyD, Ignacio Prendés, aseguró «Se deduce que hubo falta de control en los contratos»; no sabemos muy bien de dónde sacó dicha conclusión. Los hasta ahora comparecientes arrimaron el ascua a su sardina como no podía ser de otra manera. Quienes estaban imputados judicialmente lo arreglaron de manera sencilla: leyendo un comunicado junto con su abogado. No respondieron ni a una sola pregunta de sus señorías por una sencilla razón: si tienen algo que contar lo harán ante el juez. Son las cosas que pasan cuando se abre una comisión de investigación después de tres años de instrucción judicial. Todo, o casi todo, ya está muy masticado. En cuanto a los políticos, como el expresidente Álvarez Areces, han hecho lo que mejor saben: practicar la retórica. A ello contribuyó algunas preguntas que se pudieron escuchar como las siguientes. «¿Sabía usted de la relación entre el exconsjero Riopedre y la empresa Geogal (la de su hijo)?», a lo que exjefe de Gobierno respondió, lógicamente, que no. Imagínense si llega a decir que sí y admite de manera subrecticia las presuntas corrupciones. O, «¿Cesó usted a Riopedre o dimitió?», cuando fue público y notorio que el exconsejero de Educación dimitió por problemas de salud. En fin, circo, espectáculo, guirigay mediático y poca cosa más. En la hora y media de cada compareciente poco más se podía sacar. Los 59 citados van a desfilar a uña de caballo ante sus señorías y, claro está, respondiendo en función de sus intereses. Y los partidos políticos, por su parte, al suyo: el PSOE, por ejemplo, sólo preguntó a la funcionaria Marta Renedo. Ni a Riopedre ni a Otero. De momento, son mucho más interesantes los ánimos que llegan a la propia comisión –por uno de ellos cesaron al gerente de la Universidad- o la vuelta de la «Pita».