Hace ya una temporada se comentó mucho la visita del primer ministro finlandés. Y fue así, porque, el mandamás nórdico, apareció en vuelo regular y con un solo escolta durante su visita a Rajoy. El hecho, como digo, causó gran revuelo por una sencilla razón: aquí cualquier mindundi político tiene (tenía, afortunadamente en muchos casos) coche oficial, teléfono, secretaria, etcétera. Sin embargo, aunque la anécdota es más que ilustrativa, debemos de ir más allá. En todos los índices de transparencia internacionales los países nórdicos son los primeros. Y esta buena fama –todo lo contrario que la española- viene dada por una organización administrativa impecable. Allí, por ejemplo, quien tiene la última palabra sobre temas de contratación son los técnicos. Quiero decir que, al funcionario de turno, se le respeta y su opinión es la que prevalece a la hora de tomar decisiones. Tanto, que algunos ayuntamientos no tienen ni alcaldes políticos tal y como nosotros los conocemos, sino funcionarios da alto nivel que pueden ser relevados en sus funciones. Desde luego, algo que aquí jamás podría suceder. Digo todo esto, porque, lo que estamos viendo sobre la administración asturiana, da que pensar. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Ángel González, está imputado por una presunta prevaricación durante su etapa en la Consejería de Bienestar Social. Lejos de valorar la actividad volcánica interna de IU y sus miserias, debemos de ir al siguiente hecho: la Jefa de Servicio de Asuntos Generales se negó a firmar un fraccionamiento de contratos que se le propuso desde instancias políticas. Lo correcto era hacerlo por la fórmula de negociado (con tres presupuestos), pero se quiso fraccionar adjudicándolo así de forma directa. La parte política se saltó los controles y el técnico a tragar. Punto.

 
Ayer, sin ir más lejos, la arquitecto jefe de la Consejería de Educación declaró ante la comisión de investigación por el «caso Renedo». Dijo cosas tan contundentes como que «a veces nos decían de arriba a qué empresas llamar para obras», o que se fraccionaban contratos de forma habitual, o que en las invitaciones a concursos pesan las amistades. Los técnicos, esta vez sí, parece que no quieren comerse el marrón de los políticos. Mientras éstos eludieron en todo momento responsabilidades durante sus comparecencias –no es la tarea de un consejero o presidente saber de contratos, sostuvieron – los funcionarios van a dar mucho más juego y poner los puntos sobre las íes. Y sin duda, algo funciona mal cuando todo el mundo admite que era normal burlar la ley.