Durante esta semana los prejubilados del carbón salieron a la calle. Reclaman su derecho a cobrar entre 50 y 600 euros que Hunosa les ha dejado de pagar. Unos 8.000 mineros jubilados anticipadamente tenían aportaciones a planes de pensiones, la posibilidad de aplicar las subidas del IPC o a compensar las variaciones que se produzcan en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Esto es, si suben –como ha pasado- los tipos del impuesto tiene que incrementarse la pensión. Sin duda, unas condiciones magníficas en comparación con otras prejubilaciones: en las que se están cocinando en la banca –Bankia, por ejemplo- se van con el 70% del sueldo para casa. Además, hemos sabido que hasta hace muy poco un prejubilado minero no tenía que pagar por las medicinas. Un desempleado, pensionista o mileurista sí; pero no para el caso que nos ocupa. Resumiendo, el Gobierno ha decidido incumplir lo pactado en los planes del carbón que rigieron desde 1998 hasta 2012, lo cual, dicho sea de paso, está mal. Tanto, como que a los funcionarios les quiten una paga,  que a millones de pensionistas no le hayan subido el IPC real, o que a muchos trabajadores les tengan congelados los convenios (cuando no mermados) en aras a mantener su empleo. Es decir, el esfuerzo que se pretende aplicar a los prejubilados de la mina es similar al que han hecho otros en este país. La diferencia: que el sector tiene una fuerza sindical detrás descomunal. Han logrado derechos –como que se vayan para casa con 42 años y sueldos bastante contundentes- que parecen intocables. Sin embargo, si algo tiene la crisis es que todo –desde el Rey hasta el más humilde funcionario- está bajo sospecha y se puede revisar. Incluso, hasta si  el lema de la manifestación -Que se cumpla lo pactado- es justo.