A mí  me resultó curioso cómo se defendió Francisco González, exdiputado de la Junta y exalcalde de Cudillero, de la apertura de juicio oral por parte del Tribunal Superior de Justica de Asturias. Según él, ese presunto delito de exacciones ilegales por el que se le juzga «No deja de ser un tema administrativo». Además, considera que el cobro de cantidades sin soporte legal a los chiringuitos entre los años 2003 y 2008, «Nunca le fue advertido por los servicios jurídicos ni por los económicos». Bien, vamos por partes. Los hechos probados, según el TSJA, en algún caso caben de cajón. Un alcalde, ante la petición de los hosteleros de servicios de seguridad, monta un dispositivo para cobrarles sin que pase por las arcas municipales. O sea, se les recauda en mano y, posteriormente, este sobresueldo es entregado a la policía municipal sin que conste en nómina. Ni tributación, ni cotización, ni retención: dinero B puro y duro desde una institución pública. Por supuesto, las cantidades recibidas no tenían ninguna ordenanza detrás: no se puede hablar de tasa, ojo, como estoy leyendo por ahí. Quiero decir, pues, que un alcalde debe tener conocimiento –mínimo, si acaso- de cómo funciona su aparato administrativo. ¿A alguien se le ocurre que Carmen Moriyón en Gijón o Iglesias Caunedo en Oviedo hiciesen algo así? ¿Se imaginan que cobrasen, no sé, los servicios de limpieza extra en domingo (un mercado popular, por ejemplo) de esa manera? Hombre, yo creo que hay cosas que los técnicos de un ayuntamiento no tienen  obligación de advertir expresamente, porque, insisto, son el abecé de la administración. Cierto, como sostiene González, que no se quedó con nada de lo recaudado como le acusaron; pero también que tiene pendiente un presunto delito de prevaricación contra el Jefe de la Policía Local que denunció el asunto.

Yo lo que veo en este caso es algo que sucede a menudo en política: morir de éxito. El dominio de Kiko sobre Cudillero era tal -21 años en el cargo- que hacía las cosas a su manera. Es decir, actuaba como un poder tan omnímodo que pensaba que era impune ante la ley. Su dimisión –lógica, a todas luces- no es más que la consecuencia de actos irregulares como gestor público. Así, sin duda, es muy difícil ostentar un cargo de diputado o cualquier otro. Alabo su conducta de no aferrarse al escaño o poner en un brete a su partido, pero motivos para irse había más que de sobra.