Una vez que el juez Sorando ha dictado un auto procesando a 29 de los 43 imputados, ya está toda la carne sobre el asador en el «caso Marea». Sus señorías, los de la comisión parlamentaria fomentada por UPyD, pueden, si quieren, tirarse meses discutiendo sobre el borrador provisional de conclusiones. Echar todo el tiempo del mundo en poner o quitar una frase, ya que , a la postre, no les va a servir de mucho. Porque, pregunto, ¿le importa a alguien ahora lo que puedan decir? Lo importante, lo que de verdad ocupa y preocupa, es el juicio (largo) que se prevé con tal número de procesados en el banquillo. Nuestro Parlamento se habrá tirado meses en un debate estéril y que sólo sirvió para los medios de comunicación. Eso sí, ha tenido el morbo de ver circular por ahí a algún que otro político destacado, pero sin ninguna función ejecutiva. Ni el Principado tiene por qué llevar a la práctica sus recomendaciones (las efectuadas para mejorar la Administración), ni nadie se va inquietar teniendo un juicio de semejante calibre por medio. En definitiva, ha sido un ejercicio de «pirotecnia política» que nos ha mantenido entretenidos durante un tiempo. Si la intención de UPyD era arrojar luz sobre tan sórdido asunto, sin duda, ha llegado demasiado tarde. Mejor, creo, se hubieran centrado los esfuerzos en debatir sobre algo importante: el paro, por ejemplo.

 
El sistema de ayudas fiscales al sector naval conocido como «tax lease» es una amenaza grave. Bruselas, con el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, quiere que se devuelvan los casi 3.000 millones de euros aplicados en deducciones. En la práctica, tal y como sostienen los astilleros, esto significa prácticamente el cierre del sector. Sólo en Asturias, se tendría que hacer frente a entre 700 y 900 millones de euros. Bien, imaginémonos el siguiente caso. El Estado saca unas ayudas para la compra de televisores. Es decir, aparecen publicadas en el BOE y todo el mundo, ante la seguridad de que son ciertas, se dedica a poner en marcha el sistema. Esto es, las tiendas de electrónica ofrecen precios ajustados a la subvención y, los consumidores, obviamente, compran mientras las fábricas hacen su trabajo. Sin embargo, un buen día desde Europa –pese a que estaban enterados y podían haberlo evitado antes- dicen que es ilegal. O sea, que exigen a las tiendas devolver las subvenciones. ¿Qué pasaría entonces? Pues bien fácil: tendrían que cerrar al no poder asumir los costes. Han vendido a unos precios artificiales al descontar de antemano un mecanismo legal. Además, ¿quién volvería a vender un televisor en estas condiciones? ¿No se hundiría también su producción? Más o menos, eso fue lo que pasó con el «tax lease». El Comisario quiere que devuelvan las deducciones los intermediarios financieros, armadores y navieras. A la sazón: no los astilleros que sufrirán irremediablemente las consecuencias.  El sistema, finiquitado hace dos años, puede que fuese incorrecto; pero no tiene posibilidad de retroactividad. Si Bruselas quiere cargarse cerca de 87.000 puestos de trabajo, en fin, sacaremos una conclusión: no el importa en absoluto el empleo en España.