El consejero de Economía y Empleo, Gracia Torre, cree que debería haber una legislación contra las deslocalizaciones «sin causa real». Piensa que dicha regulación no sólo debería ser a nivel de España, sino de la Unión Europea. Dice Torre todo esto a cuenta de la multinacional Tenneco que de golpe y porrazo ha anunciado el cierre de su fábrica en Gijón. La guerra que mantiene ahora el Principado con la empresa es de órdago: cancelaron una reunión prevista para el lunes porque les pareció mal las palabras del consejero. Éste argumentó, con toda la razón, que Tenneco posee unas instalaciones modernas y un nivel de producción envidiable. Es decir, no hay ningún motivo para marcharse. Sin embargo, sus responsables decidieron desmontar la planta llevándose su moderna maquinaria a Rusia. Primero adujeron causas económicas y luego organizativas. Esto, cómo no, exasperó a Torre que últimamente se ve obligado a actuar casi como en un entierro: dando únicamente el pésame. Bien, las pretensiones del consejero son irrealizables. Dentro de la UE existe libertad de movimiento para las empresas. O sea, tanto para instalarse como para irse. Es, digámoslo así, la esencia de la economía de mercado que reina en Europa. Ir contra ella sería pan para hoy y hambre para mañana. Cualquier legislación que la restrinja sólo conseguirá una cosa: que ni una sola multinacional más pisase suelo europeo. El ministro francés de Industria amenazó a Acerlor-Mittal con la nacionalización si cerraba sus plantas. Una bravuconada: Europa no es Venezuela, Argentina o Bolivia. Es imposible –y totalmente indeseable- que eso se produzca. Cualquier legislación que gire en ese sentido sería un error enorme que acabaríamos pagando todos con creces.

Otra cosa, es que los gobiernos trabajen para la atracción de multinacionales mediante sus políticas. Irlanda, antes de la crisis, era un país próspero con un nivel de empleo muy alto. El sistema fiscal que se llevaba a cabo –más bajo que en el resto de Europa, claro está- atrajo a numerosas multinacionales. Poco importó que el nivel de infraestructuras –por ejemplo, autopistas- fuese malo. Muchas grandes empresas de informática –Microsoft, verbigracia- se radicaron allí. En Asturias durante los años noventa se produjo esa tendencia. Aquí vinieron Du Pont o Thyssen Krupp. La primera prevé incluso invertir 19,7 millones de euros para producir fibra de una bobina. La segunda, además, tiene un centro de investigación y desarrollo con el que colabora el Gobierno asturiano. Pues bien, ¿por qué entonces no se pasa de una política pasiva (ir a protestar al funeral) a una activa (colaborar y hacer atractiva la inversión)? ¿Por qué en vez de pedir que se cercene la libertad de movimientos no se trata de que Asturias sea competitiva?