Recomiendo un libro: «Por qué fracasan los países», de Daron Acemoglu y James A. Robinson. Dos economistas norteamericanos que se dedicaron a investigar distintos países en función de su éxito (o no) económico. Algo así como saber por qué Chile y Venezuela –pese a estar en el mismo continente- obtienen resultados tan diferentes. Las conclusiones no pueden ser más claras: la diferencia se encuentra en las «instituciones extractivas» que impiden el  crecimiento y el respeto a la propiedad privada. Centrémonos en esto último. Todos tenemos en la cabeza una imagen de Venezuela: la del ex comandante, Hugo Chávez, paseando por la calle señalando edificios con el dedo. «Exprópiese», decía, mientras una turbamulta le seguía enfervorecida. El que la propiedad de los individuos no sea respetada trae consecuencias graves: en Venezuela, por ejemplo, los mercados privados están hundidos además de intervenidos. Es el Gobierno quien fija los precios. Lo mismo un coche, televisor, alimentos, arrendamientos o la venta de un piso. Nadie produce, invierte o compra porque sabe de sobra que su propiedad no será respetada. Digo todo esto porque, cuando vi el episodio que le acaba de suceder al gobierno de Susana Díaz en Andalucía, me vino a la memoria. El que una consejera de Fomento y Vivienda (IU) se haya saltado una lista de espera de 12.000 personas para obtener una vivienda social –con el objeto de favorecer a los suyos, claro está- no deja de ser otra forma de expropiación. Sutil y quizá menos escandalosa que la de Chávez, pero, al fin y al cabo, con los mismos efectos. Seguramente muchos de los que se encontraban a la cola tenía más necesidades que a quienes benefició, sin embargo, fueron impunemente despojados de sus derechos por la decisión de la consejera. Digo más, Andalucía es una comunidad que tiene una particular visión de la propiedad privada. La Ley de Función Social de la Vivienda –promovida por el gobierno de coalición (PSOE e IU)- ha llevado a cabo más de 39 confiscaciones en los aproximadamente ocho meses que lleva en vigor. Todo ello, ojo, pese a estar recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Su mecanismo es sencillo: expropiar el uso de la vivienda en poder de un banco durante tres años. Es una forma, dicen, de evitar los desahucios de sus antiguos propietarios que pueden seguir en ella durante dicho plazo. Desde luego, si los deshauciados esperan recibir una vivienda pública para el realojo, como quedó demostrado, lo llevan claro. No hablemos ya de las ocupaciones de fincas y supermercados llevadas a cabo por Sánchez Gordillo: el diputado en la Junta y Alcalde de Marinaleda muy cercano al Maoísmo más ortodoxo. En definitiva, quizá este poco respeto por la propiedad privada –y batiburrillo de normas de cara a debilitarla- justifique por qué Andalucía es la peor comunidad en paro, crecimiento y perspectivas económicas.

En nuestro paraíso natural sucedió también un hecho curioso, esta vez, a instancias judiciales. Un juez rechazó el desalojo cautelar del edificio de la antigua Consejería de Sanidad en la calle General Elorza de Oviedo, convertida hoy en el centro social autogestionado «La Madreña». Su argumento fue que la gestión es «adecuada» y se utiliza con «con fines sociales en beneficio de la comunidad». Lo cual, dicho sea de paso, está muy bien, perfecto incluso diría yo; pero tendría el mismo efecto si se les cediese un local por parte del Ayuntamiento y no se ocupase ningún inmueble privado con el beneplácito de la Justicia.